La  autoridad que tenga la responsabilidad de decidir sobre una solicitud de explotación de minerales en Loma Miranda debe valorar con mucho cuidado los posibles beneficios y perjuicios de una decisión de tanta trascendencia como esa. Miranda no es únicamente rica en yacimientos minerales de alto interés comercial, sino fundamentalmente un enclave estratégico de recursos acuíferos de gran interés para la producción agropecuaria y el consumo humano. En esa zona nacen numerosos ríos y arroyos de los que se abastecen acueductos y se destina agua para irrigación. Es fuente importante de biodiversidad.

Para calibrar la delicadeza del asunto, bastaría evaluar minuciosamente las advertencias que sobre el caso particular de Loma Miranda ha hecho la Academia de Ciencias, acerca de los pasivos ambientales que pueden devenir de la explotación minera en zonas tan sensibles como esa. No se trata de capricho de grupos ni arranques de nacionalismo trasnochado, sino de poner en la balanza los posibles pasivos ambientales y confrontarlos con los beneficios económicos que esa explotación le dejaría al país. Hay que  evaluar si existirían las suficientes garantías de preservación ambiental en caso de que la concesión de explotación sea otorgada. Todavía en estos tiempos resulta  muy difícil una explotación de recursos del subsuelo que sea al mismo tiempo  amigable con el ambiente.

Sobre libertad condicional

Una falla de nuestro sistema judicial es que con frecuencia, gente inculpada en materia penal que obtiene la libertad condicional bajo prestación de fianza evade el proceso judicial como si hubiese sido favorecida con una sentencia de descargo. Por esa razón muchos procesos quedan en una especie de limbo. En busca de una solución para ese problema, el Ministerio Público exigirá a las empresas  aseguradoras que presenten al patrocinado cuando sea requerido por la autoridad judicial o, de lo contrario, compensen económicamente al Estado.

 Sea con esta o con otra modalidad, la realidad es que hay que resolver el problema que para  la administración de justicia  representan las evasiones de personas favorecidas con libertad condicional bajo prestación de fianza. Se trata de un agravio no solamente para el Estado, sino también para la parte civil que espera se haga justicia.