Nació un día como hoy de 1889, hace 125 años, en formato de octavilla y de circulación en principio citadina y diaria. Le denominaron Listín Diario Marítimo. Su impacto en el público fue tal, que debió crecer en tamaño para acoger información diversa de la época y servirla a un universo de lectores creciente y heterogéneo. Así ganó tamaño y prestigio, y a la vez acortó su nombre hasta lo que es hoy, Listín Diario. Desde entonces el país cuenta con un referente de servicio social de primer orden, que se ha erigido en firme institución.
Listín Diario, único sobreviviente entre los periódicos dominicanos fundados en el siglo XIX, enfrentó con serenidad acontecimientos como la invasión estadounidense de nuestro país, de 1916 a 1924. También fue un recio combatiente del trujillato, régimen que lo ahogó económicamente y le obligó a cerrar. Reabrió en 1963 y desde entonces ha sido un incansable defensor de los más sanos intereses del país. Su apertura a todas las corrientes de opinión no podría ser más democrática.
Nos suscribimos reconocedores de la valía de ese decano del diarismo dominicano. Nuestras congratulaciones a quienes, bajo la dirección del veterano Miguel Franjul, impulsan al Listín Diario como un instrumento al servicio de esta sociedad. La simple hoja de papel que alzó vuelo en 1889, es hoy un referente de grandeza y prestigio.
INEQUIDAD EN EL SALARIO PÚBLICO
El Ministerio de Administración Pública ha dado grandes pasos de avance en procura de que los servidores públicos sean gente de competencia técnica a toda prueba. Ha tenido éxito en mejorar el rendimiento de esa fuerza de trabajo, de manera que la remuneración que paga el Estado tenga una justa contrapartida de servicio.
Ramón Ventura Camejo, que tiene a su cargo ese ministerio, puso de relieve los esfuerzos que hace la institución para conjurar el factor de inequidad que es actualmente el salario público, que está bajo el dominio de la política y el amiguismo. Él fue nuestro invitado al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Queremos alentarlo a que utilice todos los recursos de ley que crea necesarios, para conseguir que el Estado deje de patrocinar inequidad a través de sueldos cuyos niveles topes son fruto del amiguismo y el clientelismo político y no de la capacidad del servidor.