“Ninguna autoridad de la Policía o de cualquiera otra instancia del Estado tiene más poder e influencia que los dirigentes comunitarios empoderados para incidir en sus comunidades y crear una disciplina social entre sus pobladores”.
Los 60 mil ciudadanos presos en los primeros 60 días de la cuarentena para prevenir la propagación del Covid-19 muestran algo más que un exceso de autoridad o un grave problema de indisciplina social en la República Dominicana.
También resaltan la inexplicable imprevisión de las autoridades al no tomar en cuenta el rol de mediación que debían jugar las juntas de vecinos y el liderazgo comunitario en la tarea de educar, sensibilizar y comprometer a los ciudadanos de cada vecindario o comunidad frente a la amenaza de la epidemia.
Lamentablemente esa compleja responsabilidad fue reducida a la vigilancia y al poder coercitivo de la Policía y otras autoridades, que si bien hicieron lo que saben hacer, no ayudaron en nada a crear la disciplina social necesaria para prevenir y contrarrestar la propagación del coronavirus.
Jugando al gato y al ratón
En las redes sociales y en los medios de televisión han sido frecuentes las escenas de vecinos y policías jugando al gato y al ratón en los barrios, o lo que es peor, los casos de detenciones arbitrarias y hasta de mujeres arrastradas por policías porque no respetaron el toque de queda.
El juego consistía simplemente en salir a la acera o a la esquina y correr de nuevo hacia la casa cuando se anunciaba la presencia de una patrulla. Pero tan pronto se retiraban los policías entonces los vecinos volvían para la calle, y así sucesivamente.
El balance general de esa práctica ha sido la detención, según el más reciente informe conocido del director de la Policía Nacional, de más de 60 mil personas, un poco más de cuatro veces la cantidad de contagiados, que hasta el pasado sábado no pasaba de 15 mil. Es decir, que por cada persona víctima del coronavirus, se registran otras cuatro víctimas de la indisciplina social o de la represión, según se quiera leer.
Y ni hablar del riesgo de que los propios policías y los ciudadanos arrestados y encerrados sin ningún tipo de previsión, se puedan convertir en vectores de la enfermedad que intentan prevenir.
Quienes no han hecho vida o no conocen nuestros barrios quizás no puedan entender lo que representa la calle, la acera o el callejón para familias que generalmente viven en condiciones de hacinamiento en pequeñas viviendas que a veces no cuentan con espacios interiores para reunirse o socializar.
¿Por qué se ignoró el papel de las juntas de vecinos?
Probablemente quienes trazaron la estrategia para actuar frente a la crisis sanitaria entendieron que la urgencia del momento demandaba sobre todo el poder de la autoridad, más que la articulación y el acuerdo con organizaciones y dirigentes sociales para ejercer un rol de mediación entre quienes debían imponer las medidas disciplinarias y quienes debían acatarlas.
Hace algunas semanas hice un esfuerzo para contactar a reconocidos dirigentes de organizaciones sociales comunitarias, entre ellos el sociólogo Mario Montes De Oca, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos (CONAJUVE); el reconocido dirigente social de Sabana Perdida, Gabino Hernández, líder de la prestigiosa entidad Acción Comunitaria por el Progreso Inc. (ACOPRO); al presidente de la Unión de Juntas de Vecinas de la Ciudad Colonial, Pedro Del Castillo; al profesor Johnny Sosa, destacado dirigente social de Gualey y actual encargado de Acción Comunitaria del Ayuntamiento del Distrito Nacional; al líder histórico de la Loma del Chivo y ex director de Juntas de Vecinos del ADN, Andrés Mañón; y a la reconocida activista comunitaria y promotora de salud, Raysa Bello, con notable incidencia en Capotillo, Simón Bolivar, Los Manguitos y el Ensanche Luperón.
Más adelante conversé con Marcela Poche, presidenta de la Junta de Vecinos de San Gerónimo y dirigente de la Unión de Juntas de Vecinos de Los Prados, Las Praderas, Altos de Las Praderas, Residencial Mercurio, Estancia Nueva, San Gerónimo y Ciudad Moderna, agrupación que dirige Varinia Caamaño, quien también preside la Junta de Vecinos de la Castellanas desde el año 2011.
Ninguno de los dirigentes consultados confirmó haber sido convocado de manera formal a participar en alguna iniciativa coordinada de mediación para trabajar con sus comunidades.
Tomar en cuenta el poder ciudadano
De hecho, los dirigentes consultados se mostraron en disposición de intervenir en cualquier esfuerzo para canalizar acciones que contribuyan a orientar a la comunidad sobre el impacto de la pandemia y la necesidad de asumir una actitud ciudadana responsable.
Por mi dilatado y activo ejercicio en el trabajo social y comunitario me consta el poder que tienen las juntas de vecinos para incidir en la conducta social de sus comunidades. Tales son los casos de la Ciudad Colonial, San Gerónimo, La Castellana, Los Prados, Sabana Perdida y La Loma del Chivo, que han contribuido a lograr más conquistas y avances en su comunidades que cualquier autoridad representativa, entiéndase un diputado o un regidor.
El caso de la Loma del Chivo, en el Barrio 27 de Febrero, sus dirigentes tienen el mérito de haber erradicado las pandillas juveniles y el micro tráfico, y haber organizado a la comunidad para conseguir una escuela, mejorar el servicio eléctrico, reparar las calles, habilitar un parque, reconstruir viviendas, mejorar los callejones y rehabilitar a muchos jóvenes envueltos en la delincuencia común y el narcotráfico.
Ninguna autoridad de la Policía o de cualquiera otra instancia del Estado tiene más poder e influencia que los dirigentes comunitarios empoderados para influir en su comunidad y disciplinar a sus pobladores.
Y ese modelo de gestión social, poco más o poco menos, es replicable no solo en cualquier sector del Gran Santo Domingo, sino en cualquier comunidad del país. Las autoridades no deben soslayar ese recurso para actuar frente a la crisis de ahora o las que puedan surgir en el futuro.