El devenir del abogado dominicano ha sido constreñido a carecer de entendimiento de la existencia de la institucionalidad del Estado dominicano. Por tanto, ha sido anulado para no asumir la responsabilidad de reconocer también la nación dominicana y su deber patriótico de velar y cuidar la Patria.

En fin los abogados contaminados por el partidarismo y el populismo, no tienen conciencia de los deberes del ciudadano, de ser nacionalistas, de tener concepto de la soberanía y la integridad del Estado, de carecer de tener noción de la nación dominicana y tampoco tienen ni idea de los detalles del debido proceso de ley.

Obnubilados en su gran mayoría, por la mediocridad de la politiquería, el abogado, se dejó arropar también por la abulia de discernir su rol, lo que ha permitido que el instrumento básico para apuntalar las columnas que sostienen las instituciones del Estado, como lo es el Colegio de Abogados, haya sido utilizado por los políticos para socavar dichas instituciones o hacerlas inoperantes, para que reine el caos y el desorden en la nación.

En ese sentido, nos hemos acostumbrado a ver a los políticos desinstitucionalizando a la nación, porque carecen del concepto de lo que es el Estado, porque solamente velan por sus intereses personales, situación que nunca ha sido debatida en el seno del Colegio de Abogados para exigir el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Por esa apatía y el descuido de los abogados de velar porque el derecho dominicano evolucione acorde con el progreso de la humanidad, conforme a nuestra cultura, tradiciones, valores, costumbres y de acuerdo con nuestras leyes, por lo cual dejan que se cambien nuestras leyes vigentes que contienen sus estructuras lógicas por leyes disparatosas como ha sido el hecho de habernos descuidados al no insertar, a su tiempo, los principios que tenemos vigentes desde 1948, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos tratados internacionales de la ONU y OEA de 1977 y 1978, sin haberlos incorporado a nuestras leyes, los cuales su aplicación, la hemos dejado a la voluntad política de cualquier mandatario, que quizás no le interesa implementarlos, debido a que el Colegio de Abogados no se lo ha reclamado vigorosamente nunca.

Apaciguados por los políticos y amordazados por la politiquería barata, el Colegio de Abogados nunca ha podido ser el instrumento ideal para debatir en su seno, cualquier cambio importante de la legislación dominicana, debido a que está contaminado por la plaga de los desinstitucionalizadores o presuntos gremialistas, en que se desenvuelve, cuando el Colegio no es un gremio, motivo por el cual lo han llevado al rincón del olvido y que tampoco se le toma en cuenta.

Cuando lo fundamental de la existencia de un Colegio de Abogados es velar por nuestra cultura, tradición y costumbres jurídicas. Esta lamentable situación, es lo que ha permitido que su rol principal de academia, para ser foro de los debates jurídicos del derecho dominicano, haya sido sustituido por agencias extranjeras compuestas por algunos abogados, bien financiados, quienes utilizando de mampara los principios constitucionales, y con argumentos falaces, pretenden cambiar nuestra legislación de códigos lógicos por inventos que pueden ser un avance para ciertos países hispanoamericanos pero un atraso para nuestro país.

Por tanto, es necesario que los abogados de buena voluntad participen en la reconstrucción de las instituciones del Estado, apoyada mediante debates dentro del Colegio de Abogados y fundamentalmente lograr por diversas razones prorrogar durante dos años, la puesta en vigencia del llamado nuevo código procesal penal, para que sea debidamente debatido por caótico, ocasión que les permitirá a los abogados opinar libremente de los disparates que contiene sin los hilos de los titeniteros extranjeros, a fin de comprobar, comparándolo con el vigente si conviene ponerlo en vigencia. Además de fortalecer el Colegio de Abogados con los valores que necesita para asumir el rol como una importante institución de la nación.