JULIO CÉSAR CASTAÑOS GUZMÁN
Me animo para escribir sobre este tema dada la natural inclinación que percibo en la mayoría de mis colegas los abogados para el desempeño de funciones públicas, y la destacada participación de éstos en las luchas al interno de los partidos políticos.

¿Qué razones determinan la existencia de una correlación entre lo jurídico y lo político? ¿Por qué los Presidentes son en su mayoría abogados? Son preguntas que desafían para ofrecer una respuesta y procurar una explicación. Veamos.

La actividad política supone siempre la búsqueda del ejercicio del poder en el Estado, y entraña además, teleológicamente, la consecución del bien común. Pero, la política se desarrolla necesariamente a través de procesos, que son imprescindibles en la toma de decisiones.

Para el politólogo norteamericano Easton la política se circunscribe a diversos procesos de reparto de bienes que están investidos de autoridad. En el expreso entendido, de que en toda sociedad la función política como reparto alguien tiene necesariamente que hacerla, independientemente de que se trate de un pueblo primitivo con estructuras poco diferenciadas, vale decir, un grupo que carece de instituciones gubernamentales modernas, o, por el contrario, que la dinámica tenga lugar en una democracia post industrial.

Partiendo de que los bienes son escasos y que el disfrute de los mismos se hace imprescindible para la supervivencia de los entes sociales, nadie podría contradecirnos si afirmamos que el proceso de reparto ocasiona grandes y naturales tensiones. Aparte de que los criterios fundamentales para la legítima concesión de los bienes está determinada por la juridicidad de los merecimientos.

El Principio de Legalidad y el ideal de la Justicia, ya conmutativa, ya distributiva, están a la base para resolver toda disputa, y sirven de orientación a la solución racional de los conflictos. Paulo VI llegó a afirmar que “Justicia es el nuevo nombre de la Paz”. Los abogados, quiérase o no, son actores en el proceso y desempeño de la función jurisdiccional.

Se destacan las dotes de este profesional cuando interpreta la ley para la casuística ordinaria de los asuntos contenciosos. Estableciendo doctrinalmente puntos de vista que auxilian el trabajo del juez, siempre y cuando por supuesto, esta opinión profesional que augura la decisión

judicial se corresponda con la verdad jurídica. Además, quién discute, que una interpretación adecuada de la ley también repercute en las políticas públicas de gobierno y en el quehacer legislativo.

Una persona puede tener razón, pero ello no basta, es necesario para que ella se imponga que se canalicen las pretensiones a través de los procesos establecidos en las jurisdicciones a fin de que dicha razón resplandezca y sea operante. La verdad tropieza siempre con obstáculos, con el escollo de los intereses contrapuestos, y debe ser demostrada objetivamente en el juicio público y contradictorio, haciéndola pasar por el tamiz de la prueba.

El abogado es un experto en el proceso, su vida se desenvuelve postulando por otros, argumentando y comunicando en plazos preestablecidos las aspiraciones de sus clientes como demandantes y demandados.

El control del proceso es vital no sólo en la política, también en la lucha económica que libran los grandes bloques de países industrializados encabezados por los Estados Unidos, la CEE con Alemania a la cabeza, y China y Japón junto a los Tigres Asiáticos. En este sentido Lester Thurow, en su obra “La Guerra del Siglo XXI (“Head to Head”), desarrolla las explicaciones acerca del éxito económico de Japón y Alemania apoyados sobre el dominio de los procesos industriales, haciendo hincapié en el elevado nivel educativo de sus trabajadores y en el desarrollo de la robótica. El secreto del éxito económico no radica únicamente en los nuevos inventos, sino en la eficiente producción de calidad a bajo costo para dominar los mercados.

Si algo nos enseña la historia es que en un juicio la acusación mal encaminada puede volverse en contra de los acusadores, como en el caso de Juana de Arco, la Doncella de Orleáns, condenada por los poderes dominantes de su tiempo, que pretendieron vanamente aplastar el aliento profético de la heroína manifiesto en sus visiones divinas.

La política es comunicación, y el arma de los togados es la palabra. El dominio de la palabra oral, escrita.

La política es información, razonamiento, estrategia…táctica. Esta es precisamente la forma en que los abogados viven.

 Se ganan la vida buscando razones, exponiéndolas.

Arguyendo, discurriendo. No es de extrañarse pues que sean políticos. Aunque lamentablemente algunos no se hayan dado cuenta de ello, anquilosados por la repetición intrascendente de ritos y ceremonias marchitas. Perdidos en la abulia de causas de poca monta y asuntillos para buscones y tributarios.

El imperio de la Ley está en un primer plano para la consideración del buen gobierno. De tal forma, que algunos autores denominan al Derecho Constitucional bajo la acepción válida de “Derecho Político”. Sobre todo porque en esta disciplina radica el estudio de la organización del Estado, y lo que es todavía más trascendente, la constitucionalización de los Derechos Fundamentales. Y se fija un criterio, jurídicamente dominante, cuando a través de la ponderación del núcleo de estos derechos establecemos cual de ellos es preeminente respecto de los demás, en un momento determinado.

El Derecho no es una ciencia “lúgubre y gris”, como sí diría refiriéndose a la Economía la señora Joan Robinson, muy por el contrario, se trata de una disciplina luminosa.

Se trata de una ciencia que podría, querido lector, encumbrarte en el servicio público -y en el martirio-como J. F. Kennedy, A. Lincoln y Tomás Moro… ¿Acaso te animas?