Hoy 
Cuarenta entidades y personas acreedoras del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) reclamaron al presidente Leonel Fernández viabilizar su inclusión en los pagos correspondientes a la recién aprobada Ley de Crédito Público, de la cual quedaron fuera las instituciones estatales descentralizadas.
En carta pública urgen al mandatario a satisfacer su reclamo para poder cumplir con múltiples compromisos económicos contraídos con suplidores y el sector financiero nacional.
Señalan la necesidad de que a través de la Ley de Bonos se provea al INDRHI de los fondos para que pueda pagar a sus acreedores y éstos saldar sus deudas con instituciones crediticias.
Indican que por un error involuntario de quienes elaboraron el proyecto de Ley de Bonos, las instituciones estatales descentralizadas quedaron excluidas de esa legislación, afectando a muchos suplidores y contratistas de obras sociales de esos organismos.
Esa situación nos ha afectado sensiblemente, por cuanto tenemos múltiples compromisos económicos que no hemos podido cumplir, expresan los acreedores del INDRHI en su misiva al presidente Fernández.
Entre esos acreedores figuran la Constructora Aracena, Architectural XXI, Constructora El Equipo, José Arturo Mota Reyes, Rubén Darío Rivas, Sandra Rivera, Alcibíades Ledesma, Constructora del Sur, Ana Antonia Rodríguez, José Luis Cabrera, Janel Darío Álvarez, Gabino Hernández, Bienvenido Concepción, Virgilio de Jesús Genao Brito.
También, la empresa Impregilo, José Geraldo Betances Acosta, José Manuel Betances Vásquez, César Domingo Gómez Bueno, Noemí Trinidad Martínez, Fernando Octavio Cabrera, Oscar Octavio Pérez Ramírez, David W. Vinicio Rodríguez Méndez, Juan Lorenzo Hernández y César Julián Calcaño. Otros acreedores del INDRHI son Modesta de Jesús Martínez, Empresas VHB Constructora, Rolando Enrique Mazara, Moisés Antonio Sibilia, Carmen Tejera Alba Constructora Roca, Consorcio Mayope, Talleres El Monumento, Fausto Manuel Betances, ingeniero Franklin Meléndez y José Arturo Mota Reyes.
Representantes de diversos sectores, incluidos el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montas, habían advertido que, al ser excluidas de la Ley de Bonos, las instituciones descentralizadas del Estado no tendrán con qué pagar a sus acreedores y acumularían grandes deudas.
En ese sentido, el funcionario se identificó con sectores, como el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), que plantearon la modificación de la ley de crédito público para incluir a todas las instituciones estatales en los pagos de la deuda pública.
Pagar deudas
El ex presidente (Codia) Domingo Mateo aseguró que la exclusión del INDRHI, la CAASD e INAPA de los beneficios de la Ley de Bonos colocaría a esas entidades en situación de insolvencia para pagar sus deudas, lo cual causaría la paralización de muchos proyectos de servicios y la desaparición de empresas contratadas para ejecutarlos.
La legislación
Mediante esa legislación, el Ministerio de Hacienda fue facultado, a través de la Dirección General de Crédito Público, para emitir bonos por siete mil millones de pesos que serán utilizados en la cancelación parcial del saldo pendiente de la deuda pública administrativa contraída por el Gobierno en años anteriores, conforme a la Ley 6-06, modificada.
