JEFREY LIZARDO
Los conflictos generados en torno al proceso de aprobación e implementación de la seguridad social en salud no son más que reflejos de que la reforma afecta los intereses del conjunto de actores envueltos. Seis años después de la promulgación de la ley 87-01, el inicio del Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo ha sido pospuesto oficialmente doce veces y, aún, son comunes las voces de los actores que se oponen o aprueban al inicio definitivo del mismo. ¿Qué está pasando?.

 Todo proceso de reforma implica cambios, estructurales en muchos casos, como la reforma del 2001, que impactan de múltiples maneras la diversidad de actores. Primero, porque se rompe con el mecanismo tradicional del financiamiento de la salud en el país, a través del aseguramiento universal en salud de la población. Con la cotización del empleador y parcialmente del trabajador, se afilia a la población asalariada y sus dependientes. Con ello se busca disminuir el gasto de los hogares en salud. Las recaudaciones van a un fondo común que permiten pagar un costo per cápita del conjunto de prestaciones incluidas en el Plan de Servicios de Salud.

Las empresas argumentan mayores costos con las cotizaciones, otras gastarán menos que en sus seguros de salud actuales. Mientras, un gran número de trabajadores sin seguro de salud se beneficiarán con el aseguramiento y otros porque cotizarán menos de los que gastan actualmente en su seguro de salud. Otros con sueldos altos y bajos dependientes terminarán pagando más. No son los más porque según la Tesorería de la Seguridad Social, el 68% de los trabajadores que cotizan hoy en pensiones, tienen salarios menor a 10,000 pesos.

Las Administradoras de Riesgos de Salud recibirán un per cápita mensual fijo de 395 pesos mensuales por cada afiliado, para la entrega de los servicios de salud a sus asegurados. Las mismas tratarán de gestionar dichos recursos de forma tal que el gasto sea mucho menor que el costo de los servicios demandados por los afiliados. Esto evidentemente podría afectar a los prestadores, en particular, las clínicas privadas y los médicos especialistas.

Un segundo cambio estructural con la reforma es que impone y fortalece la regulación en el sistema nacional de salud, y en particular, de las empresas administradoras de los riesgos de salud de la población afiliada. En otras palabras, evitar que hayan exclusiones y vigilar por una mayor protección a los usuarios. Las Administradoras de Riesgos de Salud se verán reguladas por primera vez, los afiliados se sentirán protegidos, en particular, la población mayor de 60 años y las clínicas privadas tendrán que cumplir con estándares mínimos para su habilitación y así entregar servicios de calidad.

Otro cambio es que con la reforma de la Ley General de Salud establece un modelo de atención que busca racionalizar la entrega de los servicios de salud de la población, haciendo énfasis en las actividades de prevención de las enfermedades (que la gente no se enferme) y en la solución de los eventos de salud en un primer nivel de atención. Las clínicas privadas podrían ver amenazados sus beneficios en la medida que las administradoras de riesgos de salud contraten los servicios de nuevos proveedores de servicios de salud que hoy aparecen en el mercado. Por su parte, los médicos especialistas podrían percibir una disminución de la demanda.

Nuevos arreglos institucionales, nuevas formas de financiamiento y asignación de los recursos, nuevos actores, un nuevo modelo de atención en salud, más regulación, son partes de los cambios que afectan a los actores. Unos pierden, otros ganan. Al final, lo que se busca es mejorar la protección social en salud en el país.