Aunque han servido como medicina alternativa con ajustes y controles a la balanza de pagos, el Presupuesto, el gasto público y el déficit fiscal, los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido ejecutados por los gobiernos para allegarse recursos que han derivado en un incremento de  la deuda externa y los desajustes.

Los gobiernos dominicanos de los últimos 50 años, con excepción del fenecido Antonio Guzmán -1978-1982-, han  recurrido al FMI en busca de recursos para enfrentar  desequilibrios  económicos y compromisos internos y externos.  

Actualmente, con una economía con cierto desequilibrio coyuntural, la administración  del presidente Leonel Fernández se apresta a firmar un nuevo convenio con el FMI, acuerdo que ha sido favorecido por diversos sectores.

El 8 diciembre de 2008, el director general del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn, se reunió con el presidente Fernández y su equipo económico en el Palacio Nacional, reconociendo la necesidad del país para firmar otro acuerdo con el organismo.

En estos momentos el Gobierno realiza contactos con la misión del FMI, con la que  negocia la carta de intención para los programas de asistencia financiera, y hacer frente a un faltante fiscal que a final de 2009 alcanzaría los RD$21 mil millones.

Se espera que pronto concluya la discusión del documento para luego proceder a la firma, con lo que el país dispondrá de un certificado para lograr desembolsos retenidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. También podrá colocar en el mercado internacional una emisión de US$1,000 millones de bonos soberanos, en mejores condiciones.

El secretario de Economía, Temístocles Montás, ha dicho que ese convenio le permitirá al país acceder a US$1,225 millones en lo que resta de año.

Acuerdos con el FMI

En busca de mejorar la política económica y la confianza de los inversionistas, el país ha firmado varios acuerdos con el FMI. El primero  en 1959, cuando el dictador Rafael Trujillo pactó un convenio “stand by” por US$9 millones para corregir desequilibrios en la economía, tras el agotamiento de su modelo económico.

Un segundo acuerdo “stand by” se firmó en 1964, por US$25 millones y  se desembolsaron US$20 millones. Su aplicación no resultó traumática para la población  porque  fue concebido para desarrollar programas financieros que corrigieran desequilibrios de balanza de pagos. Ese acuerdo fue interrumpido tras  la Guerra Civil de 1965.

Cuando el país negoció ese convenio, el FMI también ayudó al Banco Central a negociar otro préstamo por US$30 millones con un consorcio de bancos privados norteamericanos, y otros US$6.25 millones con la Tesorería de Estados Unidos.

Los recursos que el Gobierno estadounidense desembolsó  entre 1966 y 1973 fueron cuantiosos en proporción al tamaño de la economía del país, y entre abril de 1965 y junio de 1966, el país recibió US$122 millones, la mayor parte en  donaciones,  con el objeto de salvarlo de la bancarrota.

Otros fondos que recibió el Gobierno del fenecido ex presidente Joaquín Balaguer hasta 1969 fueron préstamos a largo plazo para programas de desarrollo negociados a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional  (AID). De junio de 1969 a junio de 1973, la ayuda descendió a unos US$78 millones por año.

En 1983, el FMI aprobó un acuerdo de “facilidad ampliada” al Gobierno de Salvador Jorge Blanco (PRD), con una vigencia de tres años, por US$450 millones. Las relaciones con el FMI bajo ese acuerdo fueron excesivamente tormentosas, porque  la austeridad, la contracción del crédito, la reducción de los salarios, el alza de los precios y las nuevas restricciones en las importaciones respondían el estricto recetario del Fondo Monetario.

La intensidad de las medidas dio lugar a lo que en la política dominicana se conoce como “la poblada de 1984”. Barrios enteros, sobre todo de la Capital, salieron a las calles a protestar por las alzas de precios decretadas por el Gobierno dentro del marco del convenio con el FMI. El  Ejército fue lanzado a las calles y una cantidad todavía indeterminada de persona fue muerta a tiros. Después, el presidente  Jorge Blanco decidió aplicar un nuevo convenio con el FMI menos estricto,   por US$78.5 millones, que se rubricó en abril de 1985, diseñado para reestructurar el sistema financiero e impulsar la economía.

En agosto de 1991, Balaguer firmó un acuerdo “stand by”  con la finalidad de renegociar la  deuda externa y obtener financiamiento por US$39.2 millones. El convenio concluyó en marzo de 1993. En julio de ese año  formalizó otro convenio, que concluyó en marzo de 1994 por US$31.8 millones, con un  desembolso de US$16.8 millones.

Con la quiebra del Baninter, anunciada en mayo de 2003, el Gobierno de Hipólito Mejía aceleró  negociaciones con el FMI para la concesión de un préstamo “stand-by” de US$437.8 millones aprobado el 29 de agosto de 2003, recibiendo  un  desembolso de US$131.3 millones. La decisión unilateral del Gobierno de  comprar  a Unión Fenosa  su 50% de participación de capital de Edenorte y Edesur fue considerada por el FMI un incumplimiento de la carta de intención y declaró en suspenso el convenio.

En enero de 2004, Mejía, presionado por el FMI, dispuso medidas de austeridad,  impositivas y relacionadas con el gasto,  aumentos significativos en los precios de los combustibles, la electricidad y los impuestos al alcohol, tabaco y otros productos.

El 31 de enero de  2005, el FMI aprobó al Gobierno de Fernández un acuerdo “stand by” por US$437.8 millones, convenio que fue extendido en mayo  de 2007 y concluyó el 30 de enero de 2008.

En septiembre de 2007, el organismo  aprobó la séptima revisión de ese acuerdo, lo que implicó un desembolso al país de US$114 millones, recursos que fortalecieron el nivel de las reservas internacionales del Banco Central, lo que representó un mayor blindaje para reaccionar ante los choques externos y enfrentó los movimientos indeseados en la tasa de cambio.

Deuda externa

Los expertos definen el endeudamiento externo  como  el recurso utilizado por el Estado para buscar alternativas de solución al déficit fiscal. En el país se han firmado acuerdos con efectos devastadores protagonizados por las consecuencias de las garantías exigidas por los organismos crediticios.

Una de las razones  que ha empujado a los gobiernos a obtener  acuerdos con el FMI es renegociar la deuda externa por su alto número de compromisos.

El presidente Fernández anunció a principio de 2009 que solamente para el pago y servicio de la deuda pública externa y el subsidio a la electricidad destinará ese año más de una tercera parte del Presupuesto, aproximadamente RD$110 mil millones, y para cumplir solo con los compromisos externos tendrá que erogar cerca de US$2 mil millones.

No obstante, Francisco Checo,  ex coordinador  de Participación Ciudadana, advirtió que la nación podría tener una deuda externa total de US$13,000 millones en los próximos tres años, si continúa el ritmo de endeudamiento que ha seguido en los últimos ocho años, y para el 2020 se ubicaría en   US$30,000 millones.

Calculó que, por ese concepto, cada habitante para el 2015,  deberá alrededor de US$1,500,  colocando a la nación entre las tres o cuatro  de la región  más   endeudadas per cápita.