La permisividad,  la memoria selectiva para olvidar hechos y/o responsabilidades, son partes constitutivas del llamado pesimismo dominicano. Coyunturas como el presente proceso electoral tienden a potenciar esos vicios, a los cuales se les agrega una irracionalidad e inconsistencia que impiden recordar debates y hechos recién pasados, donde se advertían los peligros que se ciernen sobre la sociedad dominicana.

Por esa inconsistencia algunos “olvidan” el documento que hace poco publicó un grupo de comunicadores, donde  decían que “hace tiempo que no se sufría un clima de tantas presiones, recriminaciones y calumnias contra comunicadores sociales, especialmente los que participan más activamente de las denuncias de las lacras que, como la corrupción y el narcotráfico, corroen las entrañas de la sociedad dominicana”.

Por esa memoria selectiva, se “olvida” que según esos comunicadores, “altos funcionarios, encabezados por el director de prensa del gobierno, y dirigentes políticos, se han empeñado en estigmatizar la disensión y las denuncias de malversación y corrupción, argumentando que se trata de un “plan mediático”, intimidando a profesionales, directores y propietarios de medios de comunicación”. Tampoco “recuerdan” la amenaza de llevar a los tribunales a varios comunicadores, como Nuria Piera y Alicia Ortega, por sus bien documentadas denuncias.

Soslayan que muchos periodistas (algunos dicen que la mayoría) trabajan en los principales medios del país, percibiendo un salario del Gobierno para filtrar o distorsionar las informaciones o hechos que puedan afectar la imagen de ese gobierno de sus funcionarios.

Ningún sistema político es sustancialmente democrático  si no tiene un sistema de información libre, sin ataduras con el poder de turno, si existe un control de las instancias que sirven de contrapeso  a ese poder, si elimina la función opositora  de los partidos o, peor aún, si pretende destruir aquellos que pueden tener la capacidad de disputarle ese poder, como sugiere la alianza fáctica del actual grupo en el poder con la facción del presidente y Caballo de Troya del PRD.

Es ostensible la existencia de esa alianza fáctica, ésta tiene un jugoso precio económico que se le está pagando al jefe de  esa facción  y no hace falta mucha inteligencia para darnos cuenta que la misma tiene un doble objetivo: en lo inmediato, provocar la derrota del candidato de ese partido, Hipólito Mejía, y después una crisis mayúscula de esa colectividad, mediante esa pretendida derrota electoral. Estos elementos son indicadores de una concepción de poder grupal/corporativo, mantenido  a través de formalidades legales y constitucionales. Que presiona, chantajea o compra todo tipo de voluntades a través de medios formalmente legales, como los bonos gas/luz, las dádivas, la compra de congresistas legalmente elegidos y que mantiene una dictadura de su mayoría congresual.

Con la candidatura de Danilo Medina se quiere mantener la continuidad de esa concepción de poder y de corrupción para una acumulación originaria de capital de los principales dirigentes del partido oficial, que amenaza de muerte el libre ejercicio de las actividades económicas y políticas en el país. La única fuerza con reales posibilidades de detener ese peligro es el PRD; eso implica apostar a esa posibilidad sin mojigaterías, uniendo voluntades con una autoridad política y ética  tendentes a condicionar su eventual triunfo.