FABIO R. HERRERA-MINIÑO
El pasado lunes 18, el país se vio estremecido cuando, en una aparente acción espontánea, distintos grupos de choferiles paralizaron sus labores, alterando en muchos sectores el orden y la libre circulación y afectando a cientos de pasajeros en su cotidiano traslado a sus centros de trabajo.

Las protestas de los choferes públicos, y de los dueños de camiones, tuvo su origen en la sentencia penal que los tribunales habían evacuado el viernes 15 cuando dirigentes choferiles fueron condenados por su participación en los negocios turbios que se originaron en la compra de unidades vehiculares para el plan Renove. Esto manchó para siempre la cara pública de políticos y dirigentes que se nutrieron con esos fondos y la Justicia encontró suficientes pruebas para determinar que fueron responsables del fraude cometido.

Ese pasado lunes 18, los choferes y sus dirigentes sindicales sacaron a relucir el arma de la extorsión y el terror que han utilizado desde que Trujillo fuera eliminado en 1961. Desde ese entonces, todos los políticos y sus partidos sin excepción, le han temido por la forma de cómo paralizan el tránsito y hasta se teme que podrían producir un colapso civil de la institucionalidad.

Los partidos, cuando no están en el poder, han tenido como su arma de choque y del terror en contra del adversario en el poder, a los choferes, a los cuales utilizan a discreción para atemorizar a quien esté gobernando; y el que está gobernando tiene su sindicato favorito y le concede irritantes prebendas, que a través de los años, desde 1961, se ha traducido en programas como el Renove, lleno de indelicadezas y disfrute de los recursos públicos.

Los choferes son el arma principal para el libertinaje político que ya El Nacional los bautizó como los dueños del país, ya que se creen con el derecho de alterar el orden cuando sus dirigentes han cometido faltas, creen que aterrorizando y amenazando a las autoridades políticas de la Nación podrían variar una sentencia judicial y no desean recurrir a todo el proceso que concede la ley para que los culpables de hechos delictivos o desfalco del erario público pudieran demostrar su inocencia.

El país acepta sumisamente de como los choferes imponen sus condiciones para la libre circulación por las calles y carreteras, establecen irritantes privilegios en el transporte de carga nacional, demandando exclusividades cuando se trata de las mercancías que salen de los puertos marítimos y aéreos. Se reparten como el mejor postor las rutas nacionales y urbanas del transporte de pasajeros, se enfrentan a tiros, palos, pedradas y machetazos cuando algún sindicato rival o uno pirata penetra e incursiona en las rutas que son sus exclusividades, que autoridades sumisas y solícitas le han concedido. De esa manera ellos están tranquilos si no se les afecta sus derechos y más nadie tiene derecho en ese renglón a ejercer el negocio de la libre empresa; el panorama se torna más turbio cuando la Justicia ha puesto su mano en dirigentes choferiles que fueron tan beneficiados con el programa Renove.

Por primera vez, los políticos gobernantes tienen la oportunidad de institucionalizar el país si no se someten a las amenazas de los choferes y sus sindicatos, que exigen que sea el gobierno que obligue a la Justicia a modificar su decisión soberana. Si en el proceso de apelación llegara a ocurrir un cambio de sentencia definitiva, entonces se reforzaría la convicción de que una vez más los choferes son los dueños del país. Se creía que con el PLD las cosas iban a cambiar y el país podría encaminarse por un proceso institucional del derecho y de la honradez en el manejo de los fondos públicos.

La beligerancia choferil, que llega a extremos inconcebibles de un salvajismo cuando establecen sus tarifas para pasajeros y de carga, con las autoridades que se someten a su voluntad, ha sido nefasta para el país. Los choferes siempre han estado envalentonados debido a que es una fuerza electoral de consideración como lo prueba la historia de los pasados 45 años, recibiendo prebendas que vienen determinadas por el interés de cada político en ejercicio del poder en su afán para continuar y llevar a cabo con tranquilidad su mandato, sin la agitación ni la desestabilización que producen los choferes cuando alteran la paz, interrumpiendo el tránsito y manteniendo un desorden que ya ha costado muchas vidas y los responsables gremiales nunca han sido condenados, como la vez que en la autopista 6 de Noviembre fue quemado un minibús con un pasajero adentro en uno de los desórdenes entre sindicatos rivales del transporte.