FABIO R. HERRERA-MINIÑO
Indudablemente, los principales patrocinadores del robo de cables de las líneas eléctricas y telefónicas, son las autoridades, por su complacencia al permitir su impune exportación, sin tomar el control de las mismas y mostrarse reacias a la solicitud de muchos sectores, para que se prohíba la exportación de chatarra, cosa que cae en oídos sordos. Se prefiere que la policía capture a los que se ocupan de tales menesteres, y no marcharle a los zares del negocio, que han logrado convertir la exportación de chatarra en un importante renglón del comercio exterior hacia Taiwán y China.

El robo de tapas de las alcantarillas, letras y de cables, se inició como un tímido negocio, que abastecían a dos o tres fundiciones inescrupulosas para hacerle frente a las ya establecidas. Las autoridades se mostraron indiferentes a esos hechos, que se traducían en accidentes para los transeúntes que metían una pierna en un hoyo de la alcantarilla sin su tapa. El robo de cables comenzó a incrementarse cuando el negocio por la demanda de cobre a nivel internacional se incrementó, y China se abría al mundo, demandando cada vez más materia prima, y como un reguero, esa demanda se reflejó en todos los países del mundo subdesarrollado.

Las autoridades, prohijaron el robo de tapas y letras de hierro fundido, sin investigar someramente las fundiciones, empresas que deben operar a cielo abierto sin ir a instalaciones subterráneas. Luego, esa complacencia, se aceleró cuando el país se convirtió en exportador de cobre y chatarra, para júbilo del fisco y de CEI, que de repente tenían un notable renglón de exportación, sin ser productores de tales materias primas.

Está muy bien que se permita la exportación de chatarras, pero debidamente fiscalizada, cosa que no se ha realizado hasta ahora; así vemos a orillas de importantes carreteras, los depósitos de chatarra y los furgones siendo llenados con las mismas, y de contrabando se introducen los miles de pies de rollos de alambre robados al gobierno y a las empresas privadas de líneas eléctricas y telefónicas. Llegan los furgones a las aduanas, y por tratarse de una exportación que paga los aranceles requeridos, ¡felices los funcionarios! que así han incorporado un nuevo renglón de exportación y se resuelve un problema ambiental al eliminar tantas toneladas de chatarra.

Ya al menos parece que hay decisión política y legal de enfrentar a los ladrones de cables de hierro fundido, puesto que las pérdidas están afectando seriamente la vida en muchas comunidades, que se ven atrapadas en zonas oscuras, o sin agua, al desaparecer los cables que alimentan sus más esenciales equipos, en particular cuando se trata de acueductos. Incluso se podría decir que el daño que producen esos ladrones es peor al tráfico de drogas, que afecta un núcleo social determinado de la comunidad, mientras que aquellos ladrones afectan a toda la comunidad, al eliminarle el suministro de agua como el de electricidad.

Los ladrones de cables y tapas de hierro fundido no actúan por el simple hecho de hacer maldades. Se ve que hay un mercado bien establecido, integrado por gentes con suficiente capital y tienen las facilidades y conexiones de exportación, donde los contactos permiten a los furgones embarcarse hacia China o Taiwán, sin muchos controles e inspecciones. El resultado es que exportamos hacia Taiwán más de $5 millones de dólares en chatarra y nadie sabe cuando miles de pies de cobre van ocultos en los furgones, contando tan solo aceptar la declaración o manifiesto de embarque, con unas autoridades que se han lavado las manos, permitiendo que muchas comunidades y empresas se vean afectadas por un sector, que del robo, ha hecho su modus vivendi. Y si no quieren las autoridades que nos consideren un estado fallido, ese simple negocio, nos retratra de cuerpo entero como una sociedad podrida de muchos de sus integrantes, y que cometen en complicidad aberrantes actos, que despojan a las comunidades de sus servicios esenciales de agua, electricidad y telefónicos.

Se ha ido creando la inquietud, en las autoridades, de que no podían continuar actuando como hasta ahora, y de que esos robos no les importaban pero el clamor social, así como las exigencias de las empresas afectadas por tales desmanes, ha motorizado a las autoridades policiales para amenazar de que las empresas, que compran o funden materiales robados, están sujetas a sanciones penales. Eso podría ser un destello de que se atacará el problema de raíz. Lo primero es hacer lo que la opinión pública reclama de que se prohíba a rajatabla la exportación de chatarra, hasta que se puedan establecer regulaciones e inspecciones eficaces, que de contrabando no se vayan los miles de pies de cables eléctricos y telefónicos, robados a EdeEste, Edesur, Verizon y Tricom.