Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
La República Dominicana no tiene opción frente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Es un camino previamente trazado por donde tiene que transitar el país, esté o no en condiciones de hacerlo. Este es un hecho derivado de la geoeconomìa regional y de la incapacidad de América Latina y el Caribe de negociar en bloque.
La segunda cuestión es, a nuestro juicio, la siguiente: Hay un exceso de expectativas y de optimismo sobre los efectos que sobre la economía dominicana tendrá el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Las condiciones de nuestro parque industrial y nuestro «desarrollo» agropecuario nos impiden beneficiarnos de este convenio como sería lo deseable. Por ejemplo, nuestra mayor experiencia reside en la fabricación de azúcar, pero el libre comercio al estilo USA se las arregló para limitar nuestra competencia.
Quizás con gobiernos más visionarios y con unos empresarios más acostumbrados a los riesgos y a los desafíos, es probable que el país estuviera hoy en mejores condiciones de competir con las naciones centroamericanas, por lo menos. Con Estados Unidos la competencia es imposible, porque nunca podrá echarse rayas en igualdad de condiciones entre economías y políticas económicas tan desiguales. Tengo la noción de que las relaciones comerciales de los Estados Unidos con la RD y otras naciones de América Latina deberán continuar manejándose a través de múltiples factores bilaterales, incluidos los políticos, tal y como ha sido hasta ahora.
Debemos, sin embargo, atender la agenda del momento. Creo que nuestros industriales tienen sobradas razones cuando plantean una serie de medidas que debe adoptar el Estado dominicano para igualar las reglas del juego económico a las de Centroamérica. Nuestros hombres de negocios hablan de los impuestos a las materias primas, a las importaciones de bienes de capital o equipos industriales; de la tarifa eléctrica, cuyo costo no puede ser más descomunal y más antieconómico y de las tasas de interés. De nuevo hay que repetir el mismo argumento: es imposible competir de forma exitosa con países cuyas políticas económicas son tan distantes.
Contrario a la opinión que a veces se desliza entre los miembros del amplio club de opinantes que hay en nuestro país, la economía dominicana es una economía de altos costos. La vida aquí es cara, los créditos bancarios son altos, los bienes inmuebles son caros, el costo de la canasta de productos de consumo diario es alto, la tarifa eléctrica es prohibitiva, los alquileres de viviendas son altos, los combustibles son caros, proliferan los impuestos legales y no legales, es decir, los «peajes». La excepción es la mano de obra, que es excesivamente barata, de tal manera que el grueso de los empleados públicos y privados del país recibe ingresos mensuales propios de la pobreza.
Pero aún así, la nación tiene que avanzar. Don Kevin Manning, el presidente de la Cámara Americana de Comercio, ha dicho recientemente que con o sin TLC, las reformas económicas planteadas por el sector empresarial son necesarias. Yo creo que tiene sobradas razones. El gobierno tiene que facilitarle la vida, por decirlo de una manera suave, a quienes tienen la responsabilidad social de crear riquezas. El gran reto de la economía dominicana es crear tantos puestos de trabajo como demanda de empleos haya, y estos puestos solo debe generarlos la empresa privada, los empresarios, la gente de negocios. Por lo tanto, la inteligencia y la habilidad de una administración gubernamental deben estar en crear las condiciones adecuadas para que esos empresarios se sientan cómodos y estimulados a invertir, para ampliar sus fábricas o instalar nuevas.
Ahora mismo, por lo tanto, estas reformas son un imperativo. El gobierno central y los señores legisladores deben entender que no hay tiempo que perder. De aquí en adelante todo tiempo perdido quedará traducido en empleos arruinados y en quiebra de empresas que no estarán en condiciones de competir, aquí, con los productos que vengan de fuera, o en el exterior con los artículos que concurran a determinados mercados.
Urge, pues, que las autoridades económicas del gobierno vayan a la mesa de negociación con el empresariado nacional para que identifiquen, otra vez, las reformas arancelarias, fiscales, crediticias, eléctricas, etcétera que reclaman una atención urgente con vistas a elevar la capacidad competitiva del país. Los sectores responsables deberán dar paso a una negociación inteligente y flexible, porque el acuerdo con el FMI restringe el campo de acción del gobierno. Pero debe hacerse y debe hacerse entre el gobierno, los partidos de oposición o sus legisladores y las organizaciones que representan a los sectores de negocios.
Si estos acuerdos y estas medidas de reformas no se adoptan, entonces debemos esperar menos de lo poco que nos tocará en este nuevo esquema de libre comercio.
