Las sistemáticas y prolongadas jornadas de protestas contra la corrupción y la impunidad escenificadas durante el último de los gobiernos del PLD, determinaron nuestra sintonización, como sociedad, con las diversas protestas que se escenifican en el mundo.

Ahora, con la orden de prisión preventiva, emitida por la Procuraduría General de la República contra varias personas para ser investigadas por corrupción durante el pasado gobierno se profundiza esa sintonización, iniciándose un proceso cuya potencialidad, correctamente dirigida, podría conducirnos por el camino de un irreversible cambio del sistema político en la gestión de la cosa pública y de la lucha política.

Los apresamientos ejecutados y los aún en proceso de consumarse, son resultado, básicamente, de las luchas contra la impunidad que se expresaron en las marchas de Marcha Verde, recogidas como promesa de campaña de los partidos de la Coalición Democrática, encabezada por el PRM.

Esa circunstancia, unida al perfil independiente de la procuradora y su equipo, al significativo nivel de los apresados, entre los cuales están un exministro y dos hermanos del expresidente Medina, permiten pensar que el tema va en serio.

Evidencia, además, que podríamos estar ante otro proceso de apresamientos a funcionarios públicos del calado de los ocurridos en varios países, con impacto determinante para el futuro de sus sistemas políticos.

La acción de la PGR contra esos depredadores de los bienes del Estado, en su contenido y forma, se ha iniciado con estricto apego a la Ley. De su parte, el presidente Abinader ha mantenido su compromiso de mantener su gobierno apegado al principio de la justicia independiente.

No obstante, la Justicia, el poder político y la sociedad civil deben tener presente que el impacto y sostenibilidad del proceso iniciado por la PGR, descansa en el impulso de una sostenida política de inclusión social, de fortalecimiento del pluralismo político en el ejercicio del poder, en la defensa de los recursos naturales y energéticos del país y en el ejercicio de plena soberanía nacional.

Está demostrado, no basta un efectivo régimen de consecuencia para que un país logre importantes niveles de crecimiento y desarrollo económico, ni de estabilidad de su sistema político si no se combaten con determinación las afrentosas expresiones de pobreza y desigualdad social a nivel urbano, rural y regional en que los anteriores gobiernos han sumido este país.

Una justicia independiente es fundamental para lograr reducir sustancialmente las desigualdades y la voracidad de determinados poderes, pero esa independencia de por sí no logra la justicia en el plano social, ni elimina las inequidades en la distribución de los recursos.

Basta pensar en otras experiencias similares a la iniciada por la PGR.
Son casos, entre otros, de Manos Limpias en Italia, en 1992, y recientemente en Perú y otros países de la región. En Italia, fueron condenados muchos altos funcionaros corruptos, pero esa acción no tuvo apoyo de masas ni de una clase política atemorizada por la amplitud del proceso.

La mafia terminó asesinando a varios jueces y muchos tuvieron que mudarse con sus familias en cuarteles militares, iniciándose el descalabro de los sistemas político y de partidos y el surgimiento de partidos populistas de derecha.

En Perú, han sido imputados y condenando altos funcionarios y ex presidentes, pero el país sigue sumido en una incierta crisis política. Aquí, la PGR está cumpliendo su papel, toca al gobierno y a la sociedad civil cumplir los suyos