Al gobierno se le quiere colocar en el centro de una tormenta por el hecho de haber anunciado la adquisición de una partida de aviones brasileños, valorados en cuarentaicinco millones de dólares.

Esas aeronaves estarían destinadas a patrullar los cielos dominicanos para combatir un narcotráfico internacional que a cualquiera aterra.

Sabido es que el territorio quisqueyano es bombardeado con estupefacientes que son soltados desde aeronaves que no son detectadas por las desprotección existente.

Se nos dirá que Estados Unidos, que tanto presiona por el hecho de que el narcotráfico internacional use este país de puente para enviar drogas a sus exigentes y ansiosos consumidores, los mayores del mundo, se nos dirá que Estados Unidos, repetimos, bien pudo facilitar los aviones que el país necesita para su protección aérea, que en este caso es una protección mutua. Pero esa es una decisión que compete a los norteamericanos de manera exclusiva.

Lo que sí es rigurosamente cierto es que el narcotráfico internacional no solo afecta ya a Norte América, nos afecta a todos. Y necesario es que las autoridades dominicanas tomen cuantas medidas sean de lugar para proteger a sus ciudadanos. Nuestros hijos, nuestra sociedad, corre el peligro de ser penetrada profundamente por el peor flagelo de estos días y la defensa de ese sagrado patrimonio no tiene precio.

II

Es posible que el gobierno, siguiendo con una muy vieja práctica imperante en este medio, dejarlo todo para última hora, no anunciara la compra de los aviones con tiempo suficiente para debatir el tema. O que buscara una especie de concurso internacional para dicha compra.

No es la primera vez que esto sucede en la República Dominicana. Hace relativamente poco tiempo que el país adquirió una flotilla de helicópteros para el patrullaje de nuestros cielos, para labores de salvamento y para satisfacer otras necesidades. Cabe suponer que esos helicópteros estarán disponibles, dado que por ellos el contribuyente pagó más de setenta millones de dólares.

Cuantas veces el gobierno –no importa quién lo represente– haga inversiones como la que realiza para la adquisición de los Super Tucan, para la compra de lanchas rápidas dirigidas a patrullar las costas o equipos para la infantería, tiene que prepararse para recibir duras críticas.

Y cada vez se le acusará de invertir en asuntos castrenses el dinero que debería destinar a los campos de la educación y de la salud, campos que siempre, por más recursos que se le destinen, serán deficitarios.

No favorecemos, bajo circunstancia alguna, una carrera armamentista. Pero tampoco queremos cerrar los ojos ante la realidad que se vive en este difícil mundo de hoy.

La delincuencia, y el narcotráfico internacional lo es, parece disponer de más recursos que las instituciones llamadas a preservar el orden. Exhiben, sin el menor rubor, armas sofisticadas que no están al alcance aparente de su persecutores. Y eso no puede ser si queremos preservar la civilización.

Por eso, las instituciones llamadas a evitar la disolución de la sociedad tienen que fortalecerse. Y cuidar los cielos para minimizar su uso por los delincuentes, es una medida muy correcta.