FABIO R. HERRERA-MINIÑO
Se ha establecido como axioma de fe, e irrebatible, de que la reforma fiscal es una condición fundamental para que el FMI vuelva de nuevo a abrir las compuertas de su dinero. Este es para socorrer a la alicaída economía, evitar su desplome y no caer en la insolvencia como fruto del desastroso manejo que caracterizó a las autoridades pasadas, llevando más pobreza al país y considerarnos como parias económicos internacionales.

Desde el 16 de agosto, toda la estructura mediática que se ha montado, es que se debe aprobar la reforma fiscal para poder acceder a recursos frescos del FMI. Este solo reconoce la imposición de más sacrificios, restricciones y cargas fiscales a la población, para atender los compromisos que se desprenden de un dinero destinado a proteger lo que nos prestaron alegremente, y ahora, no caer en una mora repudiable e indigna del país, que hace tan solo 4 años, fue un ejemplo en el continente como estimulador del crecimiento y de la estabilidad.

La reforma fiscal se debate en el Senado, en donde han surgido los más curiosos impedimentos para su aprobación. A veces se dice que Dios escribe en renglones torcidos y parece que esas trabas, de origen político partidista de los senadores perredeistas, están estructuradas para evitar que se juzguen y encarcelen sus compañeros de partido que cometieron devastadores actos de corrupción en los pasados cuatro años, procurando protegerse de la justicia; con esas trabas están haciendo lo que realmente deben hacer, de que tal reforma no se apruebe hasta que no haya más elementos que justifiquen su aprobación para su posterior ejecución. La población se afectaría enormemente, empobrecida y desamparada, la cual esperaba ver cristalizar sus esperanzas de una vida mejor bajo una administración destinada a rescatar la dignidad de la dominicanidad, sin imponerle cargas fiscales injustificadas.

Las cargas solo obedecen a presiones de una institución que estimula estallidos sociales, como se comprueba en todos los países del mundo a donde han impuesto sus recomendaciones y exigencias económicas, con el resultado de inconformidad popular, cuando la pobreza se entroniza en los sectores medios y bajos de la sociedad, mientras los más ricos ven aumentar sus riquezas y niveles de vida de ostentación, frente a la tragedia de masas moribundas sin tener a quien acudir para buscar protección, desvaneciéndose sus esperanzas de mayor seguridad y de una vida mejor alejado de la pobreza que actualmente los arropa.

La reforma fiscal no debe considerarse como algo esencial para negociar con el FMI. Si el gobierno está dispuesto a establecer un programa serio de austeridad, cortando en un 20% los gastos corrientes y continúa eliminando los sueldos que nadie sabe a quienes iban destinados y pagaban hasta personas inexistentes o fallecidas, se podría ahorrar y obtener los tan cacareados $19 mil millones de pesos anuales que se necesitan para enfrentar el déficit cuasi fiscal y hacerle frente a la sangría de los subsidios sin tener que recurrir a más cargas impositivas. En estos momentos, mientras no se despegue hacia el desarrollo, sería crear un malestar innecesario y perjudicial para la gestión de gobierno, que a los 25 días de iniciada, todavía se espera que surja una voluntad política de juzgar recursos públicos, dando lugar a la corrupción más escandalosa de nuestra historia y de la burla con que los beneficiados exhiben al gozar de impunidad para seguir un disfrute de esas fortunas.

Con el FMI se puede discutir con responsabilidad y mostrarle que las acciones tomadas para enderezar todo el sistema tributario, con acciones para frenar los escapes de impuestos, se estaría diciéndole a esos expertos de la capacidad de los incumbentes de las áreas recaudadoras que ya una vez demostraron eficiencia y honestidad, y ahora, con más razón, va a repetirse esa labor de forma que el país pueda recuperarse, no solo del desorden en que fuimos sumergidos por la administración anterior, sino que se van a restablecer patrones recaudadores, que ya en 1998 ayudaron a duplicar el presupuesto de la Nación sin muchos esfuerzos y sin nuevas cargas impositivas.

Sin darse cuenta, los senadores, están cumpliendo un papel, y la locura de querer hacer un combo con el aumento general de salarios de un 30% amarrado a la reforma fiscal, es la forma de que el proyecto de ley continúe empantanado en el Congreso. Así, los legisladores, se darían cuenta de que si existe una estructura humana idónea, honesta y con buenas intenciones, se podría recaudar lo que se necesita con un recorte de los gastos superfluos y una disminución de la nómina pública.