Los ayuntamientos reducidos en capacidad de servir a los munícipes. La autonomía municipal jurídicamente reconocida, y que ha debido servir para la plenitud de ejercicios de autoridad y suficiencia de recursos para beneficio de localidades dispersas por la geografía, sigue eclipsada por la supremacía de los poderes Ejecutivo y Legislativo que aplican con unilateralidad las políticas y repartos presupuestales.

Es probable que en medio de estas crisis nacionales por pandemia y ruptura de la paz en la Ucrania masacrada, no pueda entregarse a los cabildos el 10% del ingreso fiscal que ordena la ley sin automáticamente afectar otros capítulos de gastos e inversiones también importantes.

Ocurre que el mosaico de jurisdicciones empobrecidas sobrevive de ayudas sin que sus administraciones edilicias puedan manejarse satisfactoriamente atentas a las necesidades de sus pobladores, unidas a ellos en busca de soluciones a problemas de vecindades y cercanías si dispusieran de ingresos fijos, regulares y suficientes.

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Mendigan a falta de un trato presupuestal razonable, lo más cercano a lo que manda el orden constitucional, respetándose la descentralización y autonomía de los órganos regionales que son parte de la institucionalidad democrática.

Debe reconocerse que la sociedad dominicana, dispersa en 32 provincias, un Distrito Nacional y 158 municipios, decide soberanamente por votos cuáles deben ser los más cercanos encargados de abordar sus reclamos y necesidades con la menor subordinación posible a los entes de la centralización presidencial.