Los ayuntamientos y sus obligaciones con los munícipes. Las actuales autoridades municipales, que mañana cumplen dos años de ejercicio, han tenido que emplearse a fondo para generar satisfacciones en sus comunidades comúnmente afectadas por deficiencias de los servicios a cargo de esos órganos autónomos, visto el caótico crecimiento urbanístico.

La mayoría de los cabildos dominicanos están sometidos a escasos ingresos propios y a una subordinación en términos financieros al albedrío y buena voluntad del poder central del Estado desde el que descienden algunas ayudas.

Por tratarse de meros subsidios ocasionales a las alcaldías llega cada mes el desafiante crecimiento de costos en sus operaciones que sobrellevan con malabares y endeudamientos.

Apenas existe para ellos la opción de gravar actividades productivas de sus jurisdicciones, pues la función recaudadora es casi una esclusividad del Poder Ejecutivo que incluso aplica sobre áreas que por razones geográficas corresponden a las municipalidades.

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La gestiones edilicias están al margen de una real independencia de funciones si padecen insuficiencia económica y no pueden lograr una adecuada participación en los beneficios que la iniciativa privada logra con actividades de lucro y acumulación de patrimonios en localidades.

Las tesorerías municipales deberían recibir recursos mediante arbitrios razonables sobre el turismo, la expedición de placas para vehículos, explotaciones mineras, extracciones de materiales para construcción y uso de espacios para altas rentabilidades empresariales.