EFE 
Bucarest. EFE.- La masa forestal de Rumanía, sobre todo en la cordillera de los Cárpatos, considerada “el pulmón” de la región, se ha reducido drásticamente desde 1989 y está amenazada de desaparecer debido a la tala ilícita de árboles, la restitución ilegal de bosques y una endeble legislación de forestación.
El sistema montañoso de los Cárpatos, que serpentea el territorio rumano del suroeste al norte, contaba con alrededor de 8,5 millones de hectáreas de bosques tras la caída de la dictadura comunista en diciembre de 1989, el equivalente al 38 por ciento de la superficie de Rumanía.
Pero, según ha denunciado la ONG EcoAssit, esa gran espesura salvaje, donde perviven unos 6.000 osos, 1.500 linces y muchos otros animales, se ha visto reducida hoy hasta unos 6,3 millones de hectáreas, un 26,7 por ciento del territorio rumano.
La Agencia de Investigación Medioambiental (EIA) ha recordado recientemente que Rumanía dispone de las florestas “más importantes de Europa en cuanto a biodiversidad”, pero ha advertido de que el país sufre la peor deforestación del continente.
Hace unos meses, Ionut Dragomir, de unos 50 años, se compró una casa en la localidad de Busteni, un municipio incrustado en un monte de los Cárpatos, con el propósito de alejarse del mundanal ruido que rezuma Bucarest y ganarse la vida como guía para los amantes de la naturaleza.
A pocos kilómetros de su vivienda se encuentran puntos turísticos magníficos como el Parque Nacional Bucegi, la cadena montañosa Piatra Craiului y el Castillo Peles, el lugar más visitado de Rumanía.
“Desafortunadamente, en los alrededores de este paisaje majestuoso se divisan agujeros en medio de los bosques debido a la tala ilícita de árboles, sobre todo de abeto y pino”, explica a Efe Dragomir.
“Los ladrones son vecinos que utilizan la leña para aguantar el largo invierno o son mangantes que venden lo robado a empresas madereras”, revela el guía, quien se queja de los escasos medios de los guardas forestales- “pocos efectivos y bajos salarios (unos 300 euros al mes)».
Greenpeace, por su parte, contabiliza una media de destrucción de tres hectáreas por hora, mientras que se registran unas 50 denuncias por día.
Esta organización ecologista acusa a la compañía estatal Romsilva, encargada de gestionar la mitad de los bosques del país, de dedicarse sólo a la extracción de sus recursos.
“En una diminuta población de 500 habitantes, al pie de la montaña en la provincia de Gorj, los funcionarios aconsejaron que se talaran los árboles en vez de aprovechar su belleza paisajística como atracción turística”, declara a Efe Crisanta Lungu, coordinadora de la deforestación de Greenpeace en Rumanía.
La otra mitad de los bosques pertenece a particulares que han recuperado esos terrenos tras la expropiación del régimen comunista, pero muchos de ellos están siendo investigados por restitución ilegal; entre ellos, el Príncipe Paul de Rumanía y el suegro del primer ministro, Victor Ponta.
Recientemente, la agencia medioambiental acusó en rueda de prensa en Bucarest a la empresa austríaca Holzindustrie Schweighofer, que monopoliza el sector maderero en Rumanía con un volumen de negocio de 470 millones de euros en 2013, “de aceptar conscientemente la compra de árboles cortados ilegalmente».
“Esto es la raíz de la tala ilegal. Los casos se suceden, las leyes se violan y a los vecinos les roban sus bosques”, subrayó Alexander von Bismarck, director de la EIA, tras divulgar un vídeo filmado con cámara escondida en el que muestra a los responsables de Schweighofer durante un presunto acuerdo de compra de madera robada.
La empresa centroeuropea rechazó rápidamente estas acusaciones y el ministerio del Medioambiente ordenó una investigación.
Más de cinco mil ciudadanos salieron este mes a las calles de Bucarest para vociferar consignas contra el presidente, Klaus Iohannis.
El jefe de Estado reenvió en marzo la promulgación del nuevo Código Forestal para debatir reticencias a la nueva ley -que limita al 30 por ciento el volumen de un tipo de madera que puede explotar una empresa- planteadas por Schweighofer.
“Sabemos que el nuevo Código Forestal presenta muchas lagunas, pero urge su aprobación para reducir la cota”, asegura Lungu.
