Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
El lanzamiento, por parte del gobierno, del llamado «Plan Estratégico de Ética, Prevención y Sanción a la Corrupción 2006-2008», despierta en mi ciertas inquietudes.
Ante que nada, sin embargo, debo consignar que debe ser bienvenida toda iniciativa tendente a moralizar la administración pública. Y como tengo que asumir que esa es la intención del mencionado Plan Estratégico, comienzo por desearle la mejor suerte a tan noble esfuerzo.
¿Cuáles son, entonces, mis inquietudes?
Primero, no entiendo por qué el Plan Estratégico de Ética se limita al período 2006 2008. ¿Es que la corrupción solo se combatirá en lo que resta del cuatrienio constitucional que corresponde al actual gobierno? ¿Por qué no visualizar un plan de ética que abarque por lo menos veinte o treinta años, mediante un compromiso solemne en el que también participen todos los partidos políticos?
Por otra parte, entre las reformas institucionales sugeridas para que el Plan Estratégico sea más eficiente, observo que se habla de fortalecer el régimen de la declaración jurada de los funcionarios, de una legislación sobre el nepotismo, del respeto a la carrera administrativa, del fortalecimiento del Depreco¼ Pero ¿es que no existen ya leyes sobre todos esos tópicos? ¡Claro que sí! Lo que pasa es que no se cumplen¼ y no se hacen cumplir.
Entiendo que la transparencia que se busca está más cerca de lo que imaginamos, pero para alcanzarla tenemos que estirar el brazo, porque ella no va a caer del cielo como el maná de la Biblia.
No basta con tener buenas leyes y reglamentos que apuntalen la transparencia: hace falta cambiar hábitos, pautas y el modo en que está organizado el trabajo burocrático. Dicho sin ambages: la transparencia tiene que dejar de ser un problema para los funcionarios, para convertirse en una oportunidad de exponer públicamente el trabajo de los competentes, de los responsables y de los honestos. Pero primero tiene que producirse el ejemplo, de arriba hacia abajo.
