Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
Una de las herramientas más eficaces contra la corrupción es la reciente ley para facilitar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública. Es importante subrayar que no se trata de una ley para los periodistas, como muchos creen, sino para todos los ciudadanos.
Por lo tanto, cualquier persona que tenga interés en saber algo de la administración oficial, tiene derecho a pedir el dato y la oficina pública correspondiente está obligada a darlo. Para ello, desde luego, hay un procedimiento qué seguir.
Leyes como ésta están siendo promulgadas en varios países latinoamericanos que también buscan garantizar la transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos.
Pero mientras la ley dominicana ha sido utilizada solamente por algunos medios de comunicación, en otras naciones ocurre que los mayores usuarios son personas ajenas al ejercicio periodístico. En México, por ejemplo, más de 17,000 ciudadanos han pedido en corto tiempo una u otra información oficial, y el proceso para ello se desenvuelve satisfactoriamente.
Es que la población mexicana se ha dado cuenta de que pedir cuentas a los funcionarios es un derecho, y lo está ejerciendo. Nosotros, aquí en la República Dominicana de nuestros amores, debemos tomar conciencia de lo mismo. Es importante que cada ciudadano busque y estudie la mencionada ley (No. 200-04), y que entre todos evitemos que la misma caiga en el olvido por falta de uso.
En este sentido, aplaudimos la divulgación que de dicha ley y su reglamento está realizando la oficina del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, la cual está distribuyendo masivamente copias de la pieza legal que comentamos. Hay que darle crédito también a las demás instituciones que vienen cooperando con el esfuerzo, como la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Universidad APEC, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el proyecto Justicia y Gobernabilidad.
