Hoy 
RAFAEL MOLINA MORILLO
La atención pública ha estado centrada en las últimas semanas en un importante caso judicial que envuelve a connotadas figuras políticas, como lo son el ingeniero Hernani Salazar y el abogado Marino Vinicio Castillo. La notoriedad de los personajes en cuestión concita la curiosidad colectiva y tiende a eclipsar otros acontecimientos igualmente trascendentes, o más.
Es lo que pasa, por ejemplo, con el juicio que se les sigue a 59 oficiales de la Policía Nacional por haber hecho uso indebido de automóviles robados, en vez de devolvérselos a sus dueños.
Insólito de por sí, este «affaire» tiene además la particularidad de que es uno de los primeros juicios en ser conducidos bajo las reglamentaciones del nuevo Código Procesal Penal, que permite a los inculpados proponer negociaciones al Ministerio Público para, mediante el reconocimiento de su falta, obtener un mejor trato en las sanciones que les corresponden. Algo así como el arrepentimiento en la religión católica, que, si es sincero, garantiza el perdón.
De los 58 oficiales inculpados, 39 han hecho propuestas de negociación al Fiscal del Distrito Nacional, pero no quieren reconocer los cargos que se les formulan, que son nada menos que de abuso de confianza, prevaricación y asociación de malhechores. El Fiscal, con mucha razón, ha manifestado que, si acepta esas condiciones de los acusados, ello equivaldría a garantizar la impunidad de los acusados.
Entiendo que el Fiscal debe mantenerse firme en su posición. Algún dia tenemos que empezar a aplicar la justicia como dice la Ley y como Dios manda. Esta es la mejor oportunidad para marcar ese importante hito en la historia judicial dominicana.
