Solo si la muerte de su hijo Claudio Francisco origina un movimiento de opinión pública que contribuya a que cambie el estado de impunidad e injusticias que padece la sociedad, podría la familia Caamaño Vélez tranquilizarse ante el asesinato de su vástago.

Hace tres años que este valioso joven fue asesinado, por la espalda, ante más de cien personas en un centro de diversión de Pizarrete, Baní, provincia Peravia, por Julio Aquiles Martínez, y un grupo que se sentía tan protegido que no respetó la multitud presente.

Un acaudalado sargento de horca y cuchillo, hermano del victimario, logró atemorizar a los presentes, incluso a los familiares de los heridos, al punto que nadie, salvo el ex guerrillero Claudio Caamaño Grullón, se atrevió a querellarse contra el homicida quien, aunque preso, goza de grandes privilegios.

Han pasado tres años y el juicio se ha reenviado en 42 ocasiones en base a trapisondas para dar tiempo a la eliminación de los cuatro testigos iniciales con persecución, amenazas y hasta atentados criminales.

En efecto, Abraham Martínez, único testigo que se mantuvo firme, fue agredido a balazos por “desconocidos” y gracias a sus acompañantes pudo salvar la vida. Sin embargo, el Ministerio Publico dictó orden de conducencia en su contra por lo que tuvo que esconderse por temor a ser asesinado.

Así, sin testigos, en la última audiencia, el juez Constantino Beltré pretendió, sospechosamente, llegar a juicio de fondo, a lo que se opuso la parte acusadora, dando pie a la vigilia y protesta, contra la impunidad e injusticia que hizo la familia Caamaño Vélez y un grupo de amigos, frente a la Suprema Corte de Justicia.