La crisis económica que se ha generado como consecuencia de los altos precios del petróleo y de los alimentos, y del desbordamiento del gasto fiscal en el período pre-electoral, causará inevitablemente grandes perjuicios a la población.

Esto les da una oportunidad a nuestros políticos para que compensen con otras cosas lo que no podrán resarcir en el plano económico.

Existe una demanda de justicia en el pueblo dominicano que debe prestársele atención y no pensar que, porque no se refleja claramente en las encuestas, no existe. La gente quiere justicia en todos los ámbitos.

La crisis sería más llevadera si el Gobierno cambiara su forma de gastar los recursos, demostrando que está consciente de que cada peso que se gasta mal es un peso que se le quita a un indigente, a un pobre y a los niños, que no tendrán futuro si se sigue invirtiendo poco en educación.

Eso sería empezar a ser socialmente justo.

La buena labor que están realizando nuestros organismos recaudadores debe recibir un apoyo decidido de parte del Estado, de manera que mejoren aún más su eficacia y logren que paguen los que no están pagando. Eso sería hacer justicia tributaria.

El pragmatismo clientelista y el bajo desempeño de nuestra clase política que se deriva del mismo, sólo existe porque los políticos están fuera del alcance de la justicia. Sólo la impunidad puede explicar que políticos que han violado la ley y que funcionan sobre la base de la corrupción, todavía estén vigentes y ocupen altos cargos en las instituciones del Estado y en las dirigencias de sus organizaciones políticas. Una de las llaves de la impunidad es la falta de independencia del ministerio público.

Lograr que dicha institución sea verdaderamente independiente, lo cual implica crear un mecanismo de designación que lo garantice, sería fortalecer nuestra justicia legal, fundamental para nuestra convivencia y para nuestro desarrollo como nación.

Transformar nuestra policía nacional e invertir más recursos en ella, sería también hacer justicia, pues no es justo que la gente esté permanentemente expuesta a la inseguridad de nuestras calles o que tenga que limitar sus actividades por miedo a ser víctima de delincuentes. Hacer respetar las leyes de tránsito sería un gran acto de justicia que beneficiaría tanto a los conductores responsables como a los peatones, que diariamente se ven amenazados por conductores arbitrarios que no respetan nada y que no son sancionados.

Asignar más recursos a la protección de nuestro medio ambiente, sería ser justos con las generaciones futuras.

Alejar del protagonismo público a dirigentes políticos y funcionarios del Estado cuya sola presencia en los medios de comunicación irrita a la población por su arrogancia e insensatez, sería una forma de hacer justicia a todos los ciudadanos que pagan los impuestos que los nutren.

Sería inteligente, y beneficioso para los dominicanos, que los políticos comenzaran a transitar los caminos de la justicia.