Arturo Martínez Moya 
Milton Friedman, para justificar el costo de su conferencia en la Universidad de Islandia, dijo que no había almuerzo gratis. Los asistentes pagaron, prácticamente nada comparado con la sabiduría que les transmitió cuando explicó cómo debían enfrentar las diferentes crisis económicas.
En todos los países se paga un costo por mantener estables la inflación y la tasa de cambio. Ineludible como sucedió con la conferencia de Friedman. En nuestro país, el costo es parte del ‘stock’ de certificados del Banco Central por RD$480,712.3 millones al 3 de noviembre de 2017. El costo ha sido absorbido por el crecimiento acumulado del PIB, su monto insignificante comparado con los beneficios de la estabilidad: confianza, crecimiento económico, plazas de trabajo, etc.
El ‘stock’ de certificados tiene dos componentes más. La suma de RD$134,222.1 millones, consecuencia de la crisis de los fraudes bancarios 2003-2004. Costo este que también fue asimilado por el crecimiento del PIB. Y RD$105,434.5 millones, el balance acumulado de lo que el Gobierno dejó de transferir al Banco Central, según se está establecido, periodo 2007-2016.
Los primeros dos costos fueron incorporados y tomados en cuenta por el FMI y el Banco Central, cuando diseñaron el modelo financiero y la Ley que originó, la No.167-07 de Recapitalización. No así con el tercer costo, no se previó el incumplimiento. Lo que ha sido la diferencia entre haber logrado o no los objetivos de desmontar poco a poco el déficit cuasi fiscal y evitar el crecimiento del ‘stock’ de certificados (deuda cuasi fiscal), para cambiar de negativo a positivo el balance patrimonial del Banco Central en diez años. Con otras palabras: lograr los objetivos previstos por la ley. Sin importar las motivaciones, el fallo ha sido “del dueño del negocio”, el Gobierno, que se comprometió transferir un monto anual y no cumplió.
Con cargo al Presupuesto, debió transferir al Banco Central un porcentaje determinado del PIB. Acumulado un total de RD$237,639.7 millones en el periodo 2007-2016. Pero lo que efectivamente realizó fueron RD$132,205.2 millones.
Y como ya dije, el faltante (RD$105,434.5) ha sido la piedra en el zapato, evitó la reducción del ‘stock’ de certificados en lugar de aumentar como es el caso, y que tanto el déficit cuasi fiscal y el balance patrimonial de la Entidad Emisora, pasaran de negativo a positivo. Así que es inapropiado decir que el modelo y la Ley de Recapitalización fracasaron, porque son harinas de otro costal las motivaciones.
Las estadísticas hablan. El balance patrimonial negativo se redujo desde -RD$106,341,215.2 en diciembre de 2006 (conforme dictamen auditores externos) a –RD$38,842,951.2 en diciembre 2016. Es decir, con mucha probabilidad hubiese terminado en cero o positivo al final de este año, del Gobierno haber transferido la totalidad de los fondos comprometidos.
Como diría Friedman, es necesario pagar un costo si queremos mantener estables los precios macroeconómicos. Choca frontalmente con ese objetivo la pretensión de pasar al Ministerio de Hacienda la capacidad del Banco Central para realizar operaciones de mercado abierto. Porque mientras Hacienda emite títulos para financiar brechas del Presupuesto, el Banco Central lo hace para preservar estables los precios. Los objetivos y roles son diferentes. Que no se equivoquen los responsables de la política pública. El error sería costoso.
