Cuando el Estado a través de la Junta Central Electoral comenzó a otorgarle dinero a los Partidos, se suponía que era para que se fortalecieran, institucionalizaran, independizaran y se constituyeran en verdaderos vigilantes de una democracia libre de ataduras de grupos económicos, evitando conflictos de intereses que pudieran convertirse en retranca del desarrollo político, social y económico.

Para que se sacudieran de las dádivas o ayudas de grupos nacionales o extranjeros, y como consecuencia, disminuir las posibilidades de conflictos de intereses, tanto en la elección de dirigentes y candidatos, como de llegar al poder, en la selección de funcionarios, creación de comisiones, juntas y organismos superiores, pero sobre todo, de los grandes proyectos y toma de decisiones donde se ponga en juego el interés nacional. En definitiva, para que las influencias de los grupos de poder no pudieran crear distorsiones y empañar la democracia. De lo contrario ese proyecto no tendría sentido.

Preservar la democracia es preservar los partidos, de oposición y gobierno. Cuidar los organismos y estamentos que conforman un Estado democrático: Congreso, Justicia, Junta Central Electoral, Organismos de Seguridad, etc.

Porque en una sociedad ausente de institucionalidad y atrasada, a pesar de los pequeños adelantos que se erigen como oasis en medio del desierto de necesidades, hay que cuidar los partidos y los gobiernos, y ser cada vez más exigentes, porque ellos son los que pueden contribuir de manera más rápida y directa a mejorar o empeorar la situación, sobre todo de las mayorías.

El país no ha podido contar con organizaciones políticas cuyas estructuras puedan ser exhibidas a la nación como ejemplos de pulcritud, o que algunos de sus integrantes no haya caído bajo el señalamiento popular por acciones públicas o privadas alejadas de conductas éticas y morales, ni dejen de pertenecer a las parcelas de algunos grupos de poder tradicional.

Lamentablemente desde el gobierno, pero incluso desde la oposición, dirigentes y funcionarios han contribuido y contribuyen al descrédito político. Y la situación se empeora, cuando existen grupos que sin darse cuenta o formando parte de una estrategia equivocada y peligrosa, han venido desde hace tiempo estimulando la desintegración y descrédito partidario, pretendiendo que con ello se podrían resolver los problemas sociales y económicos.

Los conflictos de intereses continúan presentes en casi todas las actividades e instituciones nacionales. Su presencia en los partidos, que son los instrumentos legítimos para que las diferentes corrientes de pensamiento puedan influir, alcanzar parte del poder, o dirigir la nación, es más que preocupante, sobre todo, cuando cuentan con financiamiento estatal, que es lo mismo que decir, de los bolsillos del pueblo, porque nos compete y compromete a todos.

El Estado no cuenta con mecanismos eficaces para el control de sus propios gastos, mucho menos de los partidos, pero habrá que crearlos. De lo contrario, disminuir o eliminar el financiamiento a dichos partidos, porque a fin de cuentas continúan siendo maniobrados por grupos que de alguna forma se benefician de los irritantes conflictos de intereses.