MANUEL QUIROZ 
Los conflictos de cualquier naturaleza, no importa su complejidad, pueden resolverse si las partes envueltas deponen posiciones intransigentes e inflexibles, abriendo de esta manera la posibilidad a vías de entendimiento y compromiso social, sobre todo cuando está de por medio un asunto tan delicado y vital como es el sistema de salud, tanto público como privado.
La estructura y sistema jurídico en ese vital campo social pueden ser objeto de cambios y mejoras, pero siempre a través de estudios y conclusiones debidamente ponderadas en que se tomen en cuenta las posiciones y también las prioridades de los diferentes actores, aunque en cualquier iniciativa siempre debe prevalecer el interés general.
De ahí que resulta apresurado y fruto de una ligereza que no mide las consecuencias e implicaciones de diversa índole, el anteproyecto de ley presentado al Congreso con el propósito de suprimir a las Administradoras de Riesgos de Salud ARS, que han jugado un papel de primer orden desde que se creó la Ley 87-01.
Resulta doblemente descabellado y contraproducente que esto se haya hecho en momentos en que desde diferentes estamentos de la sociedad dominicana se discute hasta dónde es posible o conveniente una reforma a Ley de Seguridad Social, mientras en forma paralela se han sentado las bases para solucionar un conflicto entre médicos, clínicas y las ARS, a fin de replantear puntos esenciales en la dinámica de sus relaciones profesionales.
En consecuencia, la sensatez sugiere la conveniencia de esperar la conclusión de esta gestión emprendida entre el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), tras el acuerdo de trabajar en cinco puntos específicos para resolver el diferendo que enfrenta el sector médico y las ARS.
Este acuerdo en principio es sumamente alentador en vista de que despeja del camino la amenaza de paros médicos que afectarían a los pacientes, además de que aflora la posibilidad de llegar a un entendimiento sobre el plan básico y la cápita en los pagos de honorarios a médicos y centros de salud privados, así como en la lista de facultativos afiliados o no al sistema y en materia del primer nivel de atención primaria.
Este último aspecto ha sido hasta ahora uno de los puntos más espinosos, ya que según se ha explicado, el sistema permitiría crear lo que se denomina “un expediente único”, logrando de esta manera que ante cualquier inconveniente de salud sólo haya que entrar a la red y conocer el récord y los antecedentes del paciente que requiera asistencia.
Quienes abogan por la aplicación de este sistema en el país citan la experiencia de otras naciones, donde las estadísticas sostienen que la atención primaria logra resolver el 80% de los casos de requerimientos médicos, sin que los pacientes tengan que pagar diferencias y logrando además que solo 20 de cada 100 pacientes sean enviados a especialistas, que cobran por algunas consultas entre 2,000 y 5,000 pesos’’.
Especialistas de la seguridad social que han estudiado el tema desde diferentes ángulos y con visión global, sostienen que uno de los aspectos claves que pretende solucionar la reforma de salud es distribuir el riesgo financiero de enfermarse, entre los sanos y los enfermos, mediante una estrategia basada en serie de principios entre los que destacan la solidaridad, la equidad y la sostenibilidad financiera.
Al recibir de la Tesorería de la Seguridad Social un pago per-cápita, es decir, un monto fijo por cada persona, con esos fondos las ARS contratan a los proveedores para atender los servicios de los afiliados al sistema. De ahí el argumento expuesto, de que cuanto mayor sea el número de afiliados, más probabilidades de solidez financiera tienen las ARS para cubrir adecuadamente las atenciones y riesgos de sus afiliados.
En medio de esta compleja estructura, no siempre comprendida en su justa medida y objeto de tantas interpretaciones contrapuestas, lo trascendente es que la ruta de diálogo iniciada llegue a feliz término y que los pacientes tengan garantía de asistencia oportuna, estable y sin angustias o imposibilidades económicas.
