En el ámbito de las contrataciones públicas de la República Dominicana, la figura del consorcio es una herramienta estratégica para que múltiples personas físicas o jurídicas colaboren como una sola entidad en la oferta y ejecución de contratos con el Estado. La normativa vigente, sustentada en la Ley de Compras y Contrataciones, permite a las empresas y profesionales unir esfuerzos a través de consorcios, ampliando así sus capacidades técnicas, económicas y operativas. Esta práctica no solo permite a los participantes fortalecer su competitividad, sino también responder de manera efectiva a los crecientes retos que plantea la contratación pública en sectores que exigen alta especialización y solvencia.

Un consorcio, en el contexto de las contrataciones públicas, es una alianza temporal entre personas físicas o jurídicas que se asocian con el propósito de presentar una oferta conjunta ante una institución pública. A través de esta figura, los consorciados se presentan como una única entidad jurídica frente al Estado, asumiendo una responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, tanto en la fase de selección como en la de ejecución contractual. Este acuerdo de colaboración permite la suma de capacidades y recursos de los miembros, de manera que cada uno aporte según su especialidad, con el fin de cumplir con los requerimientos técnicos, financieros y operacionales del contrato.

Composición y formalización de un consorcio

Para que un consorcio participe en un proceso de licitación, debe formalizarse mediante la presentación de un Acuerdo o Promesa de consorcio ante la entidad contratante. Este documento es esencial, ya que establece las bases legales, organizativas y operacionales de la alianza, y debe incluir ciertos elementos clave:

1. Generales actualizadas de los consorciados: Este apartado incluye la identificación detallada de cada uno de los integrantes del consorcio, especificando si se trata de personas físicas o jurídicas, con toda la documentación legal requerida para acreditar su existencia y capacidad para contratar con el Estado.

2. Objeto del consorcio: Se debe definir de manera clara y precisa el propósito del consorcio, que, en este caso, será la participación conjunta en un proceso de licitación y, en su caso, la ejecución del contrato. Este objeto debe estar alineado con el objetivo de la contratación pública en cuestión.

3. Obligaciones de las partes: El Acuerdo de consorcio debe especificar las responsabilidades y tareas que asumirá cada uno de los integrantes en la preparación de la oferta y durante la ejecución del contrato, en caso de ser adjudicatarios.

4. Capacidad de ejercicio, solvencia económica y financiera, e idoneidad técnica: El consorcio debe demostrar que, sumando las credenciales de sus miembros, cuenta con la capacidad legal para participar, así como con la solvencia económica y financiera y la idoneidad técnica necesaria para ejecutar el contrato. Esta capacidad acumulada es uno de los principales beneficios de participar en un consorcio, ya que permite que las empresas pequeñas o medianas puedan competir en licitaciones que, de manera individual, no podrían asumir.

5. Designación de un representante o gerente único: El consorcio debe nombrar a una persona que actúe como su representante legal frente a la entidad contratante. Esta persona será la encargada de firmar la oferta y asumir todas las gestiones necesarias durante el proceso de contratación y ejecución. Es importante que cualquier cambio en esta designación sea notificado de manera inmediata a la Dirección General de Contrataciones Públicas.

6. Responsabilidad solidaria: Una de las características fundamentales de los consorcios es la responsabilidad solidaria de todos los integrantes frente a la entidad contratante. Esto significa que cada miembro del consorcio responderá de manera conjunta por cualquier incumplimiento, garantizando así que el Estado pueda exigir el cumplimiento del contrato en su totalidad, independientemente de quién sea responsable del incumplimiento.

7. Prohibición de ofertas individuales o en otros consorcios: Una vez que una persona física o jurídica forma parte de un consorcio, queda impedida de presentar ofertas de manera individual o como parte de otro consorcio para la misma licitación. Esto asegura que no existan conflictos de interés o intentos de manipular el proceso de licitación mediante múltiples participaciones.

Normativa sobre los consorcios

El reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas establece de manera clara los requisitos y condiciones bajo las cuales los consorcios pueden participar en licitaciones públicas. Según el Artículo 25 de la normativa, los consorcios son considerados como una unidad jurídica frente al Estado, lo que implica que, aunque se trate de múltiples partes, estas actúan como una sola. Es imperativo que todos los miembros del consorcio estén debidamente inscritos en el Registro de Proveedores del Estado de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y que acrediten el Acuerdo consorcial donde se formaliza su participación conjunta.

Además, el Artículo 27 establece que si uno de los miembros del consorcio pierde su capacidad para ser proveedor del Estado, ya sea por inhabilitación o cualquier otra causa legal, la inhabilidad se extiende automáticamente a todo el consorcio, lo que puede significar la exclusión del proceso de licitación o la imposibilidad de ejecutar el contrato adjudicado.

Ventajas y desafíos de los consorcios en contrataciones públicas

Participar en un consorcio ofrece varias ventajas. En primer lugar, permite a las empresas sumar sus fortalezas, tanto en términos técnicos como financieros, aumentando sus probabilidades de éxito en procesos de licitación complejos. Además, facilita la participación de empresas que, de manera individual, no cumplirían con los requisitos de experiencia o solvencia exigidos.

Sin embargo, también presenta desafíos. La coordinación entre los miembros del consorcio puede ser complicada, y la responsabilidad solidaria implica que cualquier incumplimiento por parte de uno de los consorciados afecta a todos los demás. Por ello, es crucial que los consorcios se formen entre empresas que tengan plena confianza en sus socios y en su capacidad para cumplir con los compromisos asumidos, debido a que el artículo 27 del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, el cual fue emitido mediante el decreto 416-23, establece que si uno de los miembros del consorcio pierde su capacidad para ser proveedor del Estado, ya sea por inhabilitación o cualquier otra causa legal, la inhabilidad se extiende automáticamente a todo el consorcio, lo que puede significar la exclusión del proceso de licitación o la imposibilidad de ejecutar el contrato adjudicado.

En resumen, los consorcios representan una figura clave en el marco de las contrataciones públicas dominicanas, ofreciendo una vía para que empresas de diferentes tamaños y capacidades puedan colaborar y competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, su éxito depende de una planificación cuidadosa, una clara división de responsabilidades y un fuerte compromiso por parte de todos sus integrantes.