La protección a los derechos del consumidor es insuficiente en términos generales en República Dominicana, tanto como en otros lugares de América Latina, aunque existan leyes bien intencionadas para que la diversidad de compras prioritarias resulte alcanzable a las familias de ingresos bajos y medios y a pesar de que órganos oficiales y competentes se empeñen en hacer valer los salarios de una mayoría de hombres y mujeres restringidos en sus capacidades.

La legislación dominicana 358-05 está orientada con amplitud a defender el poder adquisitivo para fines que van más allá de la elemental compra de alimentos, pues toma en cuenta múltiples necesidades y aspiraciones del ciudadano promedio. A su existencia contribuyó en gran medida con sus protagonismos la periodista y abogada Altagracia Paulino que en un reciente escrito puso de relieve la decepcionante observación de que desde el año 1986 a esta fecha el costo de la canasta familiar nunca ha estado a la par con el salario mínimo «ni con los ingresos promedio de la mayoría de los dominicanos».

En su libro «Derecho de consumo y su aplicación en República Dominicana», en el que narra el laborioso proceso de años por dotar consensualmente a la República de herramientas legales favorables a la «economía popular», la autora describe a la mayoría de los dominicanos como condenados a buscar dinero adicional para acceder a los productos básicos, a los medicamentos y al pago de los servicios públicos domiciliarios.

Agrega que «mientras los salarios en la República Dominicana sean tan bajos como para que la mayoría de los asalariados carezca de acceso a la compra de los bienes y servicios indispensables para satisfacer sus necesidades básicas, los derechos de los consumidores no están protegidos en este aspecto fundamental, por lo que se impone una adecuación salarial con precios más justos».

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Hostil recibimientos

El nacimiento en el año 2007 del Instituto de Protección al Consumidor, Proconsumidor, demostró que en un país sin cultura de cumplimiento de la ley «atreverse a aplicarla es de por sí una osadía»; así expresado en su libro por Altagracia Paulino. Hacía referencia básicamente, a que una primera acción de la entidad confiscando productos enlatados en el comercio local que ponían en peligro la salud de los consumidores repercutió con enconos empresariales hacia la primera directora, Carmen Meléndez, emitiéndose un decreto de destitución que luego fue echado para atrás. Su cargo quedó en un hilo.

El siguiente choque con intereses establecidos se produjo a raíz de la comprobación por inspectores de que el 50% de las estaciones de venta de gas licuado del petróleo cometía fraudes contra los usuarios. Aunque el Ministerio Público resistió presiones sosteniendo acusaciones, al final los jueces aplicaron penas simples que no correspondían a la gravedad de las infracciones ni sentaban precedentes contra la falta de escrúpulos, y posteriormente el tribunal Superior Administrativo declaró, con extrañas interpretaciones de la ley, que Pro Consumidor no tenía competencia para imponer sanciones.

La entidad recibió en sus primeros días de existencia desaprobaciones de la prensa escrita con la embestida de editoriales, un «inmenso desafío» en un país sin tradición de acciones contra el agio y la especulación, adversidad en las que se llegó a catalogar a Pro Consumidor como organismo inviable en la realidad dominicana y los sectores que «abortaron la constitución de 1963» apostaron a que fracasara.

Con todo, la licenciada Paulino, que luego fue fructífera directora del organismo por tres períodos consecutivos de dos años, permanece en la convicción de que, a pesar de las dificultades, «cumplir y hacer cumplir las leyes, es posible» en defensa de los derechos e intereses económicos de los consumidores y dijo contemplar el futuro con esperanza después que el Poder Judicial asumiera mejores actitudes ante el organismo.

Debilidad regional

Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo sostenía que los países de América Latina y el Caribe deberán enfrentar una compleja combinación de desafíos para mejorar sus sistemas de protección social después de la pandemia y fortalecer el camino a la cobertura universal y suficiente de los riesgos, en alusión a servicios de primera necesidad y capacidades de consumos de los habitantes.
Claudia Lima Marques, profesora universitaria brasileña con maestría en Alemania, sostuvo en uno de sus ensayos que es oportuno y necesario elaborar para América Latina una nueva convención de derechos para la protección del consumidor, turistas o residentes permanentes, y para el consumidor que contrata servicios a distancia.

Le preocupaba de manera particular la indefensión reinante en materia de comercio electrónico por ausencia de regulaciones sobre contrataciones de orden comercial o de usos personales que traspasan fronteras y son cada vez más comunes en la era de la electrónica que conecta en creciente medida a consumidores y proveedores. La catedrática entiende que las normas del derecho internacional privado están desfasadas.

Se toma en cuenta el ascenso geométrico que los consumidores logran en el acceso a Internet participando en el comercio en línea que permite acceder con mayor facilidad y rapidez a los productos y servicios. «De ahí que sea necesario adaptar los marcos jurídicos y reglamentarios existentes a las exigencias particulares del comercio electrónico», criterio expresado en una reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Gobiernos que fallan

Hay motivos para atribuir las debilidades de la protección a los consumidores a la incidencia de gobernanzas equivocadas y sectarias que suelen provenir de la toma del poder con pretensiones de botín anidadas en núcleos políticos a lo largo y ancho de América Latina. Regímenes que no se ocupan de modificar estructuras de producción fallidas, de intercambios comerciales obsoletos y que no ponen énfasis en la aplicación de normas que impidan abusos a compradores y usuarios.

Refiriéndose a la falta de seguridad alimentaria el Banco Interamericano de Desarrollo ponía de relieve recientemente que todavía existen 42.5 millones de personas subalimentadas en América Latina y el Caribe a pesar de que esta parte del hemisferio está considerada como el granero del mundo con gran exportación de frutos, vegetales y pescado y con un Uruguay que tiene más cabezas de ganado que habitantes.

Y siendo más específico, el BID puso de relieve que existe una prevalencia de desnutrición por encima del 10% en Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Atribuyó el fracaso alimentario a la falta de una visión multidimensional para no preocuparse exclusivamente de alcanzar altos niveles de producción de alimentos y empeñarse también en garantizar acceso, calidad y estabilidad en la generación de bienes.

La entidad multilateral considera una ironía el que se determinara que la zona poblada por los latinoamericanos y caribeños representa la única del mundo que hizo disminuir el hambre a la mitad entre 1990 y 2015 sobrepasando los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, mientras en la realidad sus consumidores pagan un 11% más de lo que deberían en productos alimentarios y «si bien la ingesta calórica ha aumentado en un 27% desde los años sesenta, esto no siempre se ha traducido en mejoras nutricionales».

Atrapados y sin salida

Un lacerante desamparo sacude al país en materia de salud, en la que predominan atenciones insatisfactorias a partir de un marco institucional de la Seguridad Social que no logra las respuestas que corresponden a demandas de los afiliados. Rigen catálogos que excluyen mortales afecciones y un esquema que remunera insuficientemente a los profesionales y permite a especialistas negarse a participar en el sistema o a ejercer el impúdico derecho de cobrar elevados y discrecionales copagos.

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, continúa sin el dinamismo conque nació y su pobreza de recursos para elevar la voz por un trato justo a los asegurados deja a estos en virtual orfandad. Sus intervenciones en conflictos entre usuarios, las ARS y los entes reguladores ponen a la Dida a moverse vacilantemente entre las partes como si sirviera a dos y tres señores al mismo tiempo.

Contra los legítimos derechos de los afiliados obran también las guerreras actitudes de los médicos agremiados (que no son mayoría) cuyos primeros pasos en cada campaña contra las ARS es cesar funciones en hospitales y clínicas repletos de pacientes.

Pretenden que los asegurados se trasladen en masa hacia la única entidad estatal del ramo que es Senasa. Embisten unilateralmente contra el desarrollo institucional de operaciones que pueden ser mejoradas sin cambios radicales y que funcionan dentro de la legalidad que hizo nacer a la Seguridad Social que no se debe exclusivamente a los médicos. Sin conciliar posiciones.