JULIO BREA FRANCO
En la administración de elecciones periódicas, el componente fundamental –y siempre el más costoso- es el sistema de identificación electoral. Mantener un registro de millones de datos de ciudadanos, nacionales y extranjeros residentes implica además una ingente labor. La complejidad viene de su carácter permanente: su continuo movimiento de entradas y salidas. Se requiere, en consecuencia, tecnología, personal técnico, procedimientos estrictos para asegurar que exhiba calidad, seguridad, certidumbre e inclusividad.

Todo sistema de identificación se ha de nutrir prioritariamente de las informaciones que se generan al momento posterior al nacimiento de cada individuo. Si bien el nacer es un hecho vital, cada persona debe ser declarada e inscrita para que pueda iniciar su vida civil. Por eso es que el registro civil es la fuente primigenia, el eslabón inicial de la vida civil y jurídica. Es función capital aunque no la única. La generación de las estadísticas vitales –nacimientos,  defunciones, etc. son fundamentales en los períodos intercensales.

Sin un aceptable registro civil no puede haber un buen sistema de identificación. La relación no es absoluta: el registro electoral dominicano, por ejemplo, no podría calificarse de inservible por no estar totalmente respaldado por el registro civil.  Pero sin lugar a dudas hasta que no se logre ese objetivo no podrá alcanzar el grado de confiabilidad y certidumbre que debe tener.

República Dominicana empezó a utilizar las tecnologías de computación en la captación y agregación de los resultados electorales prácticamente al mismo tiempo que Brasil (1982) y, a partir de 1980, en elaboración de los padrones o listas electorales.  En efecto,  los primeros pasos en tal dirección se dieron con el establecimiento del primer centro de procesamiento en la JCE. Desde entonces, el crecimiento de los inscritos en el registro electoral y el desarrollo tecnológico ha sido tan espectacular que la institución se ha visto obligada a la adopción equipos y sistemas de software más avanzados.

Lamentablemente el registro de los hechos y actos del estado civil no fue considerado prioridad. El problema del subregistro de los nacimientos y  fallecimientos y, en particular, de la gran cantidad de personas indocumentadas de la que tan solo se dispone de  estimaciones, continúa siendo una dificultad presente. El tema de la “penetración” de haitianos, del desplazamiento de mano de obra dominicana, del maltrato que reciben y de la explotación en que viven -aunque existan yuxtapuestas posiciones valorativas- es un problema de rabiosa actualidad agrandado por la irresponsabilidad.

El registro electoral, la unificación de la documentación de identificación y ahora la” automatización” del registro civil, y de su mejoramiento  ha provocado que la JCE suscribiera una serie de contratos sucesivos en los últimos 14 años. Exactamente han sido tres. El primero fue suscrito con la GBM-Kodak en 1993 para llevar a cabo la unificación de la entonces cédula de identidad y el carné del registro electoral. El segundo se suscribió en 1998 para una segunda cedulación con la firma DATOCENTRO. El más reciente fue firmado con el consorcio SOMO y continúa bajo debate.

Desgraciadamente estos contratos han estado rodeados de discordia, acusaciones, críticas, sospecha de corrupción entre partidos políticos, grupos y empresas en oscuros maridajes con intereses de oportunidad. En 1993 se denunció que había sido otorgado sin concurso previo además de haber sido  motorizado y apadrinado por los reformistas. Entonces se comentaba que algunos despachos de funcionarios de muy alto nivel del Palacio Nacional dedicaban sus desvelos, en conjunción al de empresarios políticos y de políticos a seca, para que fuera aprobado. La oposición fue intensa y provenía de un concierto de empresas que abogaba por un documento con foto integrada y huellas digitales incluidas. Al final se unificó el  documento. GBM y Kodak cumplieron con el calendario de entregas y servicios. El contrato no tuvo nada que ver la manipulación de las listas electorales que tanto daño le hizo al proceso al punto de opacar el empujón modernizante en la administración  electoral que se evidenciaría en las elecciones de 1996 y siguientes.  

El siguiente contrato fue el de 1998 otorgado a una de la empresa opositora a las anteriores: DatoCentro. Las actas de la Junta evidencian conflictos de intereses entre funcionarios de la Junta que estaban estrechamente relacionados a alto nivel con la empresa a la que según comentarios estrechos tenía vínculos con los perredeístas.  Fue sin duda un contrato costosísimo, que terminó siendo incumplido hasta el punto que dos de sus componentes  -el de las huellas digitales y la digitalización de los libros del registro civil – fueron incumplidos, dando motivos a que la empresa fuera condenada a pagar una indemnización a la JCE. Pese a ello como aspecto positivo debe destacarse la creación del padrón fotográfico, que sin duda se constituyó en un avance.