El contrato, como es bien sabido, es un instrumento jurídico, que adquiere carácter legal, por virtud del cual se contraen obligaciones entre las partes contratantes. Es claro que cada una de esas partes trata de sacar la mejor tajada posible en las negociaciones que previamente a la forma se realizan. Y en eso, a fin de cuentas, nada hay de pecaminoso.

Las cosas cambian, sin embargo, cuando una de las partes contratantes es el Estado, pues en ese caso se negocia con bienes públicos, con propiedades públicas o con servicios dirigidos al bien público.

Por ese solo motivo, el Estado tiene que ser sumamente cuidadoso y neciamente honesto a la hora de negociar cualquier clase de contrato, pues después de firmado el mismo, se contraen obligaciones que si se tratan de evadir o simplemente se evaden, presentan múltiples y costosas complicaciones, y en muchos casos con implicaciones internacionales.

Hemos visto, en los últimos años, como el Estado, por poco previsor o por lo que sea, ha suscrito contratos que han resultado muy onerosos al contribuyente dominicano, quien, a fin de cuentas, es quien paga todos los platos rotos.

El campo energético es, al parecer, el favorito para la firma de contratos que luego se convierten en conflictivos. Eso, sin duda alguna, es producto de las necesidades que siempre tiene ese campo, en el cual se han tomado medidas “de emergencia” que no han resuelto los problemas y sí, en cambio, han creado muy serias dificultades económicas al Estado.

Ahí está, por ejemplo, el caso de Cogentrix, el más publicitado en el campo extranjero como “remedio” a los males creados por la crisis energética dominicana. Inclusive un organismo multilateral de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bendijo la inversión extranjera dirigida a aliviar la situación de los países pobres y dio las garantías de lugar a una negociación tan ingenua que ha salido sumamente costosa al Estado y que ningún mal ha resuelto.

-II-

El contrato con la Hydro Quebec Sofati, de Canadá, costó millones de dólares al país, sin recibir un solo kilovatio a cambio, todo por las imprevisiones a la hora de la firma del instrumento, llegándose al colmo de depositar dólares en un fondo de fideicomiso en un banco extranjero.

La Smith and Enron, a la cual se le regaló un contrato sin nada a cambio, recurrió al arbitraje internacional cuando entendió que sus intereses eran afectados por el Estado, en un contrato en el cual se estipulaba que se le pagaría a la “empresa” extranjera por la capacidad instalada, nunca por el servicio ofrecido. La “privatización” parcial de la CDEEE y la recompra de lo privatizado no es un buen ejemplo a seguir.

Importa destacar que cuando una empresa extranjera trata de instalarse, busca que se le ofrezcan condiciones similares —o mejores— que las brindadas a quienes le procedieron. Y tienen razones de sobra para aspirar esas condiciones.

Del Estado depende, en esos casos, que se actúe con “transparencia”, como suele decirse ahora. Preferimos que se diga que esa actuación se rija por una honestidad acrisolada, que simplemente se defiendan los intereses del pueblo dominicano.

Pero tiempo es ya para que el Estado, a la hora de suscribir contratos de cualquier clase, recurra, a verdaderos expertos en la materia, para que analicen las condiciones en que se firmen los instrumentos. Estos expertos pueden ser nacionales o extranjeros, dependiendo de la materia que se discuta. Por ejemplo, nada de objetable habría en que el Estado contrate una prestigiosa firma extranjera para que analice y de su opinión en cuanto a cualquier contrato sobre materia energética petrolera o minera, materias en las cuales, digamos con toda honestidad, no somos auténticos expertos.

El Estado tiene que poner fin a la firma de esos contratos que nadie en su lugar firmaría en el sector privado, y que luego de suscritos se convierten en controversiales, que se comprueba que son dañinos al país, pero que cuestan tanto ponerlos en condiciones de servir verdaderamente a la nación, tan solo por la imprevisión o lo que fuere a la hora de negociar.

Los contratos justos, razonables, honestos, constituyen una pieza de defensa de los intereses nacionales.