Estaba dicho desde antes de que las paredes de un edificio de cuatro pisos que al parecer estaban unidas con pegamento de chichiguas crujieran siniestramente en La Vega para ir al suelo de inmediato con saldo de cuantiosos daños materiales, varios heridos atrapados bajo escombros y por lo menos una víctima mortal. Estaba dicho -enfatizamos- que el proceso urbanizador de República Dominicana ha escapado por años al uso planificado (racional e idóneo) de los espacios y sobre todo a fiscalizaciones para impedir construcciones sin planos avalados por especialistas y sin comprobación de calidad de los materiales empleados. Para la vigilancia crucial que evitaría desastres no se necesitarían nuevas leyes. Son esquemas institucionales de vieja data pero dejados en la práctica al libre criterio de propietarios de terrenos que abaratan costos con malas mezclas de arena y cemento y con otras impudicias sobre varillas, vigas y columnas.

Tras el desplome se habló de emprender una investigación sobre las causas de que cayera como castillo de naipes una precaria mole de cuatro plantas ordinariamente concurridas por clientes y empleados de negocios inadvertidos de la trampa a la que penetraban. Procede suponer que los primeros en la lista a ser confrontados sobre el incumplimiento de obligaciones son autoridades de diferentes niveles que son las que con frecuencia han permitido que se construya de la manera incorrecta que a la gente le venga en gana.

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