Mientras los cubanos debaten en la calle y en las redes la vigencia del unipartidismo y la omnipotencia del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la reforma constitucional en curso, el Gobierno insiste en reafirmar el monopolio de poder de la única formación legal frente a los ataques “imperialistas».
La celebración de los 93 años de la creación del PCC centró ayer la edición del diario estatal Granma, que dedica su portada y contraportada a la trayectoria del partido, recogido en la Carta Magna vigente (1976) como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado” en el país.
“El pluripartidismo es el gran instrumento del imperialismo para mantener a las sociedades fragmentadas, divididas en mil pedazos; convierte a las sociedades en sociedades impotentes para resolver los problemas y defender sus intereses”, señaló el fallecido Fidel Castro en un discurso.
El exmandatario (1926-2016) afirmó en la década de 1990 que “un país del Tercer Mundo no se puede dar ese lujo” de ser dividido y aseguró tener la convicción que “la existencia de un partido es y debe ser la forma de organización política” de Cuba.
Su hermano Raúl Castro, que dejó la Presidencia en abril pero sigue como líder del PCC hasta 2021, aclaró en julio que, aunque el proyecto constitucional debatido ayer en todo el país dejó de usar el término “comunismo” en su texto, no modifica “el carácter irrevocable del socialismo” ni el “papel dirigente” del Partido.
El artículo 5 de la nueva Constitución ratifica al Partido «único, martiano, fidelista y marxista-leninista” como centro de poder en la isla, en la que el presidente aparece debajo del primer secretario del PCC en escala política.
La polémica en torno a la influencia de la formación se intensificó durante debates del Anteproyecto de Constitución en el Parlamento unicameral cubano, que aprobó en julio el borrador de Carta Magna. “Hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, que es el Partido. Luego la Constitución no puede trazarle directrices al Partido”, aseguró el presidente de Comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo.