Los  déficit de nunca acabar

Los  déficit de nunca acabar

Para este año hay un déficit nacional de 29,954 aulas, según consta en un levantamiento hecho por la Oficina de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación. La misma oficina tiene para este año planes de construir 2,597 aulas a nivel nacional, lo que significaría que se reducirá el déficit en poco  más de un 8%. Esto da una idea de por qué la falta de aulas se incrementa de año en año a veces más que el crecimiento vegetativo de  la demanda de espacio para  nuevos estudiantes.

Otro parámetro que se inscribe en las causas del problema es que la inversión en educación es insuficiente. La ley de Educación dispone que esa inversión debe ser de un 4% del PIB y para el presente año solo alcanza un 2.4%. Si se aplican los mismos criterios de años anteriores, es previsible una diferencia muy significativa entre la asignación presupuestaria y la cantidad ejecutada, y así la proporción real invertida estaría muy por debajo del 2.4% del PIB.

Todo esto lleva a la conclusión de que es necesario intensificar los esfuerzos por mejorar la educación. Hasta ahora hemos tocado el aspecto de la infraestructura escolar pura y simple, sin énfasis alguno en la optimización de las condiciones de enseñanza en esos espacios, ni en el aspecto cualitativo del currículo y la preparación del personal docente. Si persiste el criterio actual, el déficit será  cosa de nunca acabar.

Escollos en seguridad social

A pesar de haber cumplido diez años de vigencia, la seguridad social sigue tropezando con obstáculos que perjudican a los asegurados.

 Nélsida Marmolejos, cabeza  de la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA), afirma que abundan las quejas por cobros indebidos de médicos y clínicas privadas y por denegación, también indebida, de cobertura para ciertas enfermedades.

Un elemento clave para eliminar estos escollos es la puesta en marcha de los servicios de atención primaria, un aspecto que debió entrar en operación desde que se estableció el Seguro Familiar de Salud.

Hay que impedir que los intereses mercuriales de prestadores de servicios de salud distorsionen el carácter de la seguridad social, creando situaciones de exclusión que contradicen el sentido de estas prestaciones sociales.

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