Recientemente se produjo una protesta frente al Palacio Nacional por el pastor evangélico, exdiputado y presidente del partido político Generación de Servidores, Carlos Peña, motivada por la colocación de la bandera LGTBI por la viceministra administrativa de la Presidencia, Dilia Leticia Jorge, en el escritorio de su despacho.
En apoyo a la protesta se pronunciaron por las redes sociales distintas personas valorando la colocación de la bandera LGBTI en el despacho como “una provocación contra la familia dominicana”.
Este pronunciamiento se sustenta en el establecimiento de la familia como una estructura única formada por una pareja heterosexual y sus hijos e hijas, desconociendo la diversidad de tipos de familias existentes en la sociedad dominicana entre las que encontramos además de las familias nucleares, familias monoparentales, extensas, ampliadas, unipersonales, entre otras.
Personas con orientaciones sexuales diversas (Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y no-binarias) son parte de nuestra sociedad y han existido a través de nuestra historia tanto en estratos pobres, medios y altos, muchas en el closet y otras fuera.
En estudios realizados en diversas provincias del país en diferentes estratos encontramos a personas mayores de 80 años LGTBI que pasaron gran parte de su vida escondiendo su orientación sexual públicamente, formaron familias nucleares, se casaron con personas del sexo opuesto, manteniendo una doble vida y su familia sufrió la infelicidad, el deterioro y dramas de diversa índole.
Otras personas decidieron salir del clóset después de varios intentos de formar “familia” nuclear y hoy tienen una familia homoparental formada con una pareja de su propio sexo con o sin descendientes de su pareja.
Son muchos los casos de personas LGTBI que en su niñez han sido expulsadas de su hogar con apenas 10 y 12 años teniendo que vivir situación de calle, explotación sexual, violencia y abuso sexual. Esta expulsión del hogar se debe a la existencia en sus familias de concepciones religiosas y morales rígidas bañadas de intolerancia y negación de sus derechos.
Reconocer derechos a la población LGTBI es cumplir con lo establecido por la Constitución y no implica promover que las nuevas generaciones sean LGTBI. Las orientaciones sexuales no se imponen se desarrollan en cada persona de forma particular. En todas las sociedades han existido y existirán personas heterosexuales y LGTBI, aun en circunstancias de alta represión y encarcelamiento. El hecho de que Dilia Leticia Jorge Mera coloque una bandera de la población LGTBI en su escritorio es un reconocimiento a los derechos que tiene esta población a acudir al Palacio Nacional de forma abierta al igual que cualquier otra persona heterosexual.