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El informe referente a las prácticas de derechos humanos en la República Dominicana reseña aspectos importantes de la economía del país, entre los cuales se destaca el fraude bancario que deterioró la calidad de vida de los dominicanos, y la carga que representan los 650,000 haitianos ilegales que viven en esta nación.
Según el informe sometido a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, la economía de mercado continúa diversificándose en la República Dominicana.
No obstante, revela que el país tiene una población de aproximadamente 8.8 millones de habitantes, incluyendo aproximadamente unos 650,000 haitianos indocumentados, que representan el 7.5%. de la población nacional.
De acuerdo con el informe, el turismo, las telecomunicaciones y las zonas francas fueron las mayores fuentes de recursos externos y proveedoras de empleo. También, las remesas de dominicanos residentes en el extranjero totalizaron más de US$2,000 millones en el 2003.
Sin embargo, el informe advierte que como resultado de la quiebra de uno de los principales bancos del país, seguido por varios colapsos posteriores de entidades más pequeñas, la economía se contrajo en un 1.3%.
Según el informe, la intervención del Banco Central para proteger a los depositantes incrementó drásticamente el circulante y el déficit fiscal, causando una depreciación del valor del peso ante el dólar.
El informe advierte que «según las estadísticas del Banco Central la inflación fue de 43%, y la tasa de desempleo, que fue estimada en un 16.1%, probablemente sea más alta.
El informe también advierte que la distribución de ingresos en el país fue caracterizada por marcadas desigualdades.
Disputas laborales
De acuerdo con el reporte de los derechos humanos el año pasado se suscitaron algunas disputas laborales, principalmente en el sector de las zonas francas. «La Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas (FEDOTRAZONAS) continuó reportando una actividad antisindical significativa en la compañía FM en Santiago, 1 de las 22 facilidades productivas pertenecientes al fabricante de ropa Grupo M, el mayor empleador de mano de obra del sector privado del país.
El Código de Trabajo se aplica en las 40 zonas francas establecidas aquí, las cuales empleaban aproximadamente 190,000 operarios y operarias. De acuerdo con el Consejo Nacional de Sindicatos Laborales, solo 15 de los 180 sindicatos inscritos en las zonas francas estaban activos, y 5 de ellos habían logrado pactos colectivos de trabajo.
