No son extraños al sistema jurídico dominicano los atentados a la Carta Magna consistentes en negar ejecución a las sentencias del Tribunal que con sus fallos sienta jurisprudencia en favor de los ciudadanos. Esto, aunque cumple a cabalidad sus objetivos de supremacía la corte presidida por el doctor Milton Ray Guevara que desde su creación en el 2010 pone límites legales a actuaciones de poder y de particulares. Sin enumerarlos, en un conceptuoso discurso pronunciado en Nueva York, el jurisconsulto formuló un llamado de atención hacia los desacatos, evidentemente excepcionales pero preocupantes por constituir flagrantes agresiones a la independencia del órgano situado en la cúspide de la pirámide jurisdiccional. Desde su alto grado ha pronunciado 6,680 fallos para la solución de conflictos entre particulares y entre estos y el Estado y procediendo en cuestiones de orden público.
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Un tribunal máximo que visiblemente ejerce funciones con sentido de responsabilidad, «sin recibir órdenes de nadie ni aceptar presiones de los poderes públicos nacionales ni de organismos y gobiernos extranjeros» así subrayado por su juez presidente ante magistrados de diferentes países. Sus decisiones son inapelables y su norte irrevocable y bajo juramento es hacer respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República; garantizar la preponderancia de sus veredictos y proteger derechos fundamentales. Que la Constitución no pueda ser equiparada a meros pedazos de papel.