POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La celebración de una sexta elección libre y sin traumas en forma consecutiva es uno de los desafíos que enfrenta la nación dominicana en el año 2006, período en que deberán hacerse esfuerzos por mejorar los mecanismos de diálogo, concertación y cumplimiento de los acuerdos nacionales.

El primer desafío para el gobierno del presidente Leonel Fernández es evitar que el proceso electoral descarrile el país de la estabilidad macroeconómica recuperada en el 2005 y conducir políticas sociales y de mejoramiento de los servicios públicos que contribuyan a reducir efectivamente la pobreza.

Para avanzar efectivamente e incorporarse con éxito al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, la nación deberá realizar una serie de reformas legales e institucionales y abocarse a ejecutar con firmeza muchas otras que han ido quedando en los papeles.

La primera prueba

No hay razón objetiva para temer que los comicios congresionales programados para mayo del 2006 vayan a romper el récord nacional de 5 elecciones consecutivas en una década en que se ha expresado y respetado la voluntad democrática. El sistema electoral que se ha ido instituyendo ha mostrado eficacia y el actual equilibrio en el control de los poderes del Estado no auspicia arrebatos ni fraudes.

El desafío en torno a las elecciones es al sistema político, ya envuelto en una vorágine temprana, con enorme derroche de recursos y tendencias al descrédito y la disolución a consecuencia del pragmatismo salvaje que lo afecta.

La lucha por el poder por encima del interés nacional, podría desatar demonios de confrontación capaces de afectar el proceso de recuperación económica tras las quiebras financieras del 2003 y dificultar aún más la incorporación del país al nuevo escenario que conllevará la entrada en vigencia del tratado de libre comercio.

Es significativo que por primera vez en casi una década la nación comienza un año sin que se hubiese aprobado la ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos, sin que falten quienes teman que el interés electoral y las contradicciones partidistas determinen que el gobierno se maneje con el presupuesto del año que concluye.

Incluso hay quienes consideran que el gobierno podría estar deseando calentar las contradicciones para que el proyecto sometido tardíamente al Congreso no sea aprobado, lo que le daría mayor discrecionalidad en el uso de los excedentes fiscales con relación al 2005.

La última vez, y probablemente la única, que eso ocurrió fue en el 2000, precisamente en el primer gobierno del presidente Fernández, cuando el proyecto de presupuesto llegó atado a una serie de reformas impositivas que el Congreso, como ahora mayoritariamente perredeísta, se negó a avalar.

Una repetición de tal incapacidad de negociación estaría en contradicción abierta con el escenario internacional de reclamo de legitimidad y transparencia, donde resulta inconcebible que un gobierno pueda manejarse sin presupuesto. También chocaría con el acuerdo que el Estado mantiene con el Fondo Monetario Internacional y los requerimientos del tratado de libre comercio.

El gran riesgo electoral

Aunque se registra un atraso en la reorganización de las juntas electorales y en la creación de algunas de las correspondientes a 17 nuevos municipios, ese factor podría ser superado sin mayores consecuencias. El gran riesgo del proceso electoral está en la exacerbación de las contradicciones y enfrentamientos en la lucha por el poder. La matanza de cuatro políticos el pasado 16 de agosto en Piedra Blanca, Bonao, disputándose la administración de un pobre distrito municipal, y la impunidad en que ha quedado, es un indicativo de lo primitiva que sigue siendo la práctica partidista en el país.

El riesgo no consiste tan solo en cuánto pueda la lucha partidista viciar las posibilidades de diálogo, concertación y convivencia nacional y dificultar las reformas legales e institucionales que se imponen, sino también en que genere un desbordamiento del gasto público y abusos de los recursos estatales en el esfuerzo por lograr el control del Congreso Nacional y los ayuntamientos.

La virtual conformación de dos bloques de partidos para disputar los comicios legislativos y municipales tenderá a una elevación de la temperatura política, lo que junto al derroche de recursos y la insatisfacción de importantes segmentos poblacionales con la lucha partidista, podría también constituirse en riesgos de mayor abstención y descrédito de las instituciones básicas del proceso democrático.

Con un padrón electoral eficiente y en manos de todos, y obligada la Junta Central Electoral a administrar el proceso con transparencia y participación de los delegados políticos, más la vigilancia de la sociedad, no hay razones para temer que pueda cortarse la racha de elecciones sin mayores impugnaciones.

De acuerdo al calendario organizativo, las juntas electorales correspondientes a los 151 municipios, debieron estar estructuradas al 30 de noviembre. Al comenzar el año quedan todavía 15 de ellas por “consensuar”, incluyendo 8 de los nuevos municipios, y algunas tan importantes como las de Santiago, Moca, San Juan de la Maguana y Puerto Plata. En algunas las autoridades electorales esperan propuestas o respuestas de los partidos. Hay casos, como el de Puerto Plata, donde las diferencias son por uno solo de los integrantes.

Para la elección de este año se realizará un plan piloto para someter a prueba en el país el uso de “urnas electrónicas”. Se prevé que el voto electrónico pueda ser probado entre 650 y 1300 colegios electorales, 5 a 10 por ciento del total. Hasta ahora la JCE cuenta con 500 de esas urnas prestadas en un convenio con la Organización de Estados Americanos y Brasil, que las proporciona.

Pruebas institucionales

El 2006 comienza con un desafío entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no sólo en torno al presupuesto de ingresos y gastos, sino también porque el primero ha anunciado que mantendrá por tiempo indefinido el ilegal recargo cambiario que se prometió eliminar con las reformas tributarias que entran en vigencia desde el 1 de enero.

Lo que esa decisión implica es que prevalecen prácticas gubernamentales en contradicción con las normas institucionales, como también la de haber iniciado una inversión de la categoría de un sistema de transporte subterráneo sin los suficientes estudios de factibilidad ni aprobación previa de los ayuntamientos, sin estar incluida en la ley de presupuesto del año pasado, y con el rechazo de organismos creados por el mismo gobierno, como fue el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Social e Institucional.

En la débil institucionalidad democrática nacional sería insólito que el Congreso no aprobara una obra emprendida a su espalda por el Ejecutivo, y de la magnitud del Metro, lo que sería absolutamente legítimo en las naciones donde se respetan los mandatos institucionales. Y la constitución dice que el presupuesto de ingresos y gastos lo aprueba el Congreso.

Con el agravante de que mientras insiste en aventurarse en una mega inversión como el Metro, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo evade destinar el diez por ciento de los ingresos a los ayuntamientos como se estableció por ley.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática pasa necesariamente por dar vigencia a una serie de legislaciones de los últimos años que permanecen burladas. Tal es el caso de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la Ley sobre Instituciones sin Fines de Lucro, la del Defensor del Pueblo, la de Migración, la de Libre Acceso a la Información y la de Seguridad Social que instituye el 8 veces postergado seguro familiar de salud.

Las reformas pendientes

El país requiere urgentemente de un conjunto de disposiciones que permitan mejorar la capacidad competitiva de los productores nacionales de cara al nuevo escenario del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, particularmente para los industriales y servicios que enfrentarán de inmediato fuertes retos, sin períodos de gracia ni escalones.

Un sistema energético ineficiente y costoso, pese a un subsidio que este año se llevó más de 500 millones de dólares, es una daga sobre el sector productivo, y todavía no se vislumbra que ese obstáculo pueda comenzar a ser eliminado este año. Para otros sectores productivos, como el agropecuario, las repercusiones del libre comercio serán de mediano y hasta largo plazo.

La entrada en vigencia del acuerdo comercial conlleva una serie de reformas pendientes de conocimiento en el Congreso Nacional, que incluyen reorganización del sistema de gestión financiera del Estado, nuevas normas para presupuesto, una nueva legislación sobre compra y contrataciones del Estado, y leyes de libre competencia y de defensa del consumidor.

También están pendientes reformas para dar mayor autonomía a la Dirección General de Impuestos Internos, para la eficiencia tributaria, de modificaciones del código tributario y de reorganización mercantil y liquidaciones.

Ese armazón de reformas legales debería ser aprobado en breve para que el país esté en mejores condiciones de adscribirse a las obligaciones del tratado de libre comercio. Incluso constituye un desafío particular para los dos mayores partidos de oposición, que buscan presentarse en un frente electoral para mayo, pero que ya en el actual Congreso controlan 31 de los 32 senadores y dos terceras partes de los diputados.

Sin embargo, contra la eficiencia legislativa conspirará la larga campaña electoral que precederá a los comicios de mayo, por la circunstancias de que muchos de los senadores y diputados tendrán su atención concentrada en buscar votos para mantener sus curules.-