CÉSAR PÉREZ
La máxima dirección de todo gobierno, y este no es una excepción, vive el dilema de querer servir a la comunidad y al mismo tiempo lograr el propósito de reproducirse en el poder mediante una serie de transacciones, casi siempre con los intereses que se oponen a esa comunidad.

Esa dualidad se manifiesta cuando el presente gobierno nombra a varios funcionarios en importantes cargos que reflejan una voluntad de cambiar algunas cosas y con el nombramiento de otros, en que se expresa la continuidad de la cultura del clientelismo y de repartición de esferas de poder entre sus dirigentes y sus aliados.

Independientemente del último aserto, no es producto de la casualidad que se hayan nombrado personas de reconocida solvencia profesional y personal en puestos como la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría de la República, Planificación Nacional y el Consejo para la Reforma del Estado, sólo para nombrar esas dependencias, que son claves si en verdad se quiere impulsar procesos de reformas y de modernización de esta sociedad

En cierta medida, estos funcionarios tienen la oportunidad de impulsar acciones en orden del control de la mala práctica y del dolo de determinados grupos del sector financiero, igual, para una administración de la justicia al margen de la politiquería de los jefes de estado de las facciones partidarias y de los poderes fácticos.  Sólo así se contribuiría a la institucionalización y entronización de la transparencia en todo el sector financiero y el debido establecimiento de la real dimensión de la quiebra fraudulenta de los tres bancos que han determinado la profundidad de la crisis económica que vivimos, que pueda servir para una acción independiente de la justicia para conocer ese y otros casos de corrupción.

Por otro lado, las referidas designaciones podrían servir para la creación de verdaderos espacios para el encuentro entre el estado y la sociedad civil, organizada o no, para llevar a puerto iniciativas de reformas del estado en lo relativo a la descentralización, del desarrollo local y territorial, de la administración pública, potenciando la participación, institucionalización y respeto a la diversidad de actores en que descansa todo proyecto de reforma. Esto solamente es posible con el apoyo del presidente, o de su partido, y con la capacidad que tengan estos funcionarios para lograrlo.

Ello así, porque las velocidades del impulso de las acciones de los incumbentes de esas dependencias, podrían no solamente no corresponderse con las de los máximos dirigentes del partido/gobierno y del jefe del estado, sino que incluso podrían ir en sentido contrario.  La tradición indica que estos gobiernos se guían por los instintos (de poder, generalmente) y no por planes o proyectos de sociedad.

Más que por instinto, sino por el conocimiento de sus consecuencias, cuando el presidente y su equipo encargado de conformar el gobierno escogieron a los incumbentes de las dependencias estatales mencionadas, sabían a quién nombraban, el perfil profesional y personal de los nombrados, y lo que es muy importante cuando se es poder, sabían de la señal que enviaban a la población.  Con esa escogencia se expresa, por lo menos, un deseo de cambio, pero con las malas selecciones, entre las que se destacan dinosaurios, expresa su tendencia a las transacciones y su atadura a la continuidad de lo viejo.

Otro elemento que podría limitar la real dimensión de las acciones los funcionarios aludidos es que parece que para el núcleo duro del gobierno, la piedra angular que determinaría el éxito de su gestión lo constituye la estabilidad macroeconómica, a pesar de que la experiencia indica que una economía estable crea confianza e incluso riqueza, pero eso no es suficiente para el desarrollo de un país. Pocos tenemos dudas de que, a parte de que no es posible repetir los años de sostenido crecimiento de la pasada década, este país no resiste que se sigan posponiendo algunas reformas en el orden político, social e institucional que bien podrían ser iniciadas en algunas dependencias estatales como las mencionadas.

Sin embargo, a pesar de esa dualidad ética y política del partido/gobierno todos los funcionarios aludidos tienen un margen de maniobra nada despreciable, tienen a su favor las expectativas, cierto sentido de apoyo y simpatía de amplios sectores de la población, el dominio de los temas y tareas que tienen ante sí y que con sus acciones nada tienen que perder ni política ni personalmente.

Por tal motivo, el partido/gobierno debe resolver dilema de querer impulsar reformas políticas y sociales para generar confianza en la población, en determinadas instituciones financieras multilaterales y en inversionistas concientes de que la mayor necesidad que tiene este país es de institucionalidad y de claras reglas de juego, y la obstrucción que a esta le podrían poner los poderes fácticos y las transacciones políticas con algunos aliados nacionales y extranjeros. 

La experiencia indica que para que los procesos de reformas tengan sentido, deben ser globales, no de singulares dependencia, eso significa que tanto el gobierno como el partido gobernante debe asumirla y no sólo estos, sino conjuntamente con la diversidad de actores políticos y sociales que inciden en la vida política del país.

En lo que respecta a de los funcionarios nombrados en las mencionadas dependencias, la gran responsabilidad de c/u de ellos es impulsar las iniciativas básicas para el cumplimiento de sus competencias. De hacerlo así, no solamente contribuirían con el desarrollo del país, sino a resolver parte de los dilemas de su gobierno.