JULIO BREA FRANCO
La Junta anda detrás del Presidente pero el Presidente no la quiere recibir. Así parece. La JCE busca más recursos bajo el argumento que a su presupuesto le redujeron drásticamente un 47% creándose un gran apriete al punto de comprometer la ejecución de programas ya en actos y planes inmediatos.El poder es sensible, y aun más, susceptible. No necesariamente la integración de la actual Junta le resulta cómoda al Presidente. Por lo pronto, era otro el candidato del Palacio Nacional a la presidencia de la Junta. Uno no bueno pero políticamente útil.

La irresponsabilidad, y el oportunismo que le subyace, son condiciones muy buscadas. Es mucho más agradable la docilidad que la independencia. La complacencia que la reciedumbre. En política las cosas parecen ser así; pero mucho más todavía en ambientes de «mata política», para decirlo a la manera de Sartori.

La independencia no es sinónimo de arrogancia ni soberbia. La equidistancia se muestra en las actuaciones. Las palabras, además de sobrar, terminan enrareciendo el aire que se respira. Esto es lo que se siente con aquello de la licencia del Presidente o del gasto sobreabundante de los precandidatos del PLD en sus recientes primarias. Eso no gusta al palacio, y distancia los intereses en pugna.

La situación actual de los fondos recortados de la JCE ni es la primera ni mucho menos la única vez que ha sucedido. Es todo lo contrario: ha sido un mecanismo de presión e influencia -abusivo, por cierto- de todos los gobiernos que se han sucedido de 1974 al 2004. Han sido ocho gobiernos para ser precisos: cuatro de Balaguer, tres del PRD y uno del PLD. La impresión generalizada era que solo con Balaguer la Junta no recibía los fondos que requería. Eso no es lo que arrojan los datos empíricos. Balaguer no emerge como el único pecador; los datos nos llevan a buscar explicaciones en el sistema político y en el rol efectivo que desempeña en él la JCE.

Hay dos indicadores que pueden armarse y cotejarse de manera comparativa. La ley No. 12-1992 estableció que «Presupuesto anual de la Junta Central Electoral y sus dependencias no podrá ser de más del 1.5% del Presupuesto de la Nación». No se entiende por qué fijaron un techo, cuando lo lógico es que se defina un mínimo, un piso. Con esta disposición o sin ella lo cierto es que ningún gobierno ha otorgado ese porcentaje al organismo electoral. Lo que más se han acercado fueron el gobierno de Mejía y el primero de Fernández. Nótese, que esto sucedió luego de que el presupuesto de la Junta incluyera el financiamiento de los partidos. Los dos más bajos presupuestos fueron en el segundo y el tercer gobierno de Balaguer y en el del Presidente Guzmán. Salvo los dos casos arriba mencionados ningún otro gobierno ha aprobado un presupuesto superior al 0.69% del presupuesto de la Nación.

Pero el indicador más interesante resulta del cálculo de las diferencias entre lo que se aprueba en la Ley de Gastos Públicos y lo que en realidad se termina ejecutando. Esto es, entre el preventivo y el consuntivo. A todas luces lo fundamental son los dineros que termina recibiendo la JCE. Los datos resultan curiosos.

El promedio de los cuatro años de gobierno, presenta al Gobierno de Jorge Blanco como el que mayor cantidad de dinero le concedió -aún más allá de lo que se había presupuestado, 111.64%; le sigue el gobierno Balaguer 1975-78, 105.92%; el cuarto gobierno Balaguer 1986-90, 94.89%; el gobierno Guzmán, 94.20%; el primer gobierno de Fernández, 89.92; el gobierno de Mejía 83.27% y por último dos gobiernos también de Balaguer, 1990-1994, 78.20% y 1994-96 31.35%. Si se examinan los datos por año sorprende mucho que en el de Hipólito Mejía en el 2004 tan solo se ejecutara 32.25% y que Balaguer en 1995 y 1996 un 26.77 y 35.94% respectivamente.

Como se aprecia, tan solo dos gobiernos concedieron fondos adicionales a lo presupuestado para la JCE (lo que también es una herramienta de manipulación). Los demás, le entregaron menos fondos. Son gobiernos de diferentes partidos y el comportamiento es similar. Es un asunto que ha de verse en el contexto del sistema político dominicano.

La situación de la JCE hoy día se ve agravada. Luego de las actitudes y acciones de auto-beneficio de sus integrantes anteriores -y en otros órganos como la «absuelta» Cámara de Cuentas- los reclamos de fondos no reciben el apoyo generoso y espontáneo de la oposición ni de la opinión pública. Tienen no solo que explicarlo, ser honestos además de parecerlo.