POR LOYDA PEÑA
El rechazo del gobierno y de empresarios al proyecto de reforma fiscal indujo al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a posponer su conocimiento para el próximo martes a pesar de que estaba en la agenda de la sesión de ayer. El proyecto fue sancionado en primera lectura en la sesión del pasado miércoles y ayer estaba previsto que se le daría la segunda aprobación antes de remitirlo al Senado.

«En virtud de que hay un pedimento de varios sectores de la sociedad dominicana, en el sentido de que aguantemos un poco, hemos convocado para el próximo martes,” dijo Pacheco.

Indicó que funcionarios del gobierno le señalaron que en los cambios que le hicieron los diputados al proyecto que sometió el poder Ejecutivo «hay aspectos difíciles de digerir» a los que debían hacérseles cambios, porque las recaudaciones previstas con esas modificaciones producirían ingresos al fisco por RD$21,600 millones y no por los RD$25,300 que calcularon los legisladores.

El Ejecutivo estimó que la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Centroamérica reduciría los ingresos del fisco en casi RD$32,000 millones y en la propuesta de reforma fiscal que sometió al Congreso Nacional esperaba recibir esos mismos ingresos.

Pacheco dijo que «ciertamente» con el proyecto aprobado en primera lectura por los diputados hay inconvenientes que van a evaluar, entre ellos, lo relativo al cambio del anticipo del 1.5% a las ventas de las empresas.

Trascendió que la iniciativa de cambiar ese gravamen para que sea aplicado sobre las ventas «netas» y no sobre las «brutas», como había propuesto el gobierno fue del presidente de la Cámara.

También trascendió que otro aspecto difícil de «digerir» por el gobierno es el que prohíbe la creación de impuestos y tasas por vía administrativa, una facultad que los legisladores consideran es exclusiva del poder Legislativo.

Esa modificación, que deroga la Comisión Cambiaria establecida en el ordinal 12 de la décima séptima resolución de la Junta Monetaria del 24 de enero del 1991 y sus modificaciones, fue sometida por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y rubricada por los voceros de las demás organizaciones políticas que convergen en la Cámara, incluidos los de los aliados, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza Nacional Progresista (FNP).

En esa modificación se deroga toda disposición que le sea contrataría y entraría en vigencia a partir del primero de enero próximo.

«Los gravámenes, recargos, comisiones o cargos de cualquier denominación que no estén expresamente establecidos por la Ley y violen las disposiciones de presente artículo, se consideran inexistentes y ninguna entidad o personas tendrá la obligación de cumplir con el pago de los mismos,» establece la disposición.

LOS EMPRESARIOS

El presidente de la Cámara de Diputados y los voceros de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Social Demócrata (PRSD) coincidieron en que los obstáculos a la reforma fiscal aprobada son otros distintos a los expuestos por el gobierno y los empresarios.

La objeción de las autoridades es que se presta para la evasión la modificación al cobro del anticipo del impuesto sobre la renta de 1.5% sobre las ventas brutas a las empresas.

Fuentes revelaron a HOY que es interés del empresariado que se mantenga el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (ITBIS) como lo estableció el gobierno y que se sustituya el anticipo del 1.5% a las ventas de las empresas por un incremento del 100% al ajuste del gasoil.

«Creo que al día de hoy ya la actitud en relación al monto de los $25,300 millones ya no es el obstáculo. Realmente percibo eso. No obstante, tenemos tiempo ahora para ver cuáles son las dificultades que tenemos,» dijo Pacheco.

Por su parte, el vocero del PRSC, Ramón Rogelio Genao, dijo que le extraña la actitud de los empresarios porque supuestamente la reforma fiscal depositada por el poder Ejecutivo había sido consensuada con ellos.

«Hoy, los que eran los dueños del proyecto junto con el gobierno, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), tienen reparos sobre la pieza, lo que demuestra que no hubo tal consenso como se quiso hacer creer,” resaltó Genao.

De su lado, el vocero del bloque de diputados del PRSD, Osvald Saldívar, dijo que el Congreso Nacional no está para ser «dócil» al gobierno y mucho menos a los empresarios, sino para actuar conforme a los mejores intereses de la nación.

Aseguró que los RD$25,300 millones aprobados por los diputados son más que suficientes para el gobierno, tomándose en cuenta que el poder Ejecutivo acaba de hacer una transferencia de fondos de RD$13,000 millones de los que le están sobrando de las recaudaciones presupuestadas en la Ley de Ingresos y Gastos Públicos de este año.