Ante la prohibición de expulsión de los estudiantes de los centros educativos, varios directores y profesores explicaron los procesos que realizaron para resolver los conflictos en las escuelas.
La Norma para la Convivencia Armoniosa en los Centros Educativos Públicos y Privados en su artículo 24, indica que “la sanción de expulsión del estudiante o el acoso para su retiro del centro educativo durante el año escolar está prohibido en cualquier caso”.
Diversos profesores han manifestado quejas ante la flexibilidad de esta norma, debido a las malas conductas que cada día más presentan los estudiantes.

Al respecto el director del liceo Ruddy María Comas Bautista, ubicado en el sector Villa Linda III, del municipio Los Alcarrizos, profesor Ramón Valdez y los educadores se vieron en la necesidad de utilizar otros mecanismos para poder solucionar los conflictos que se daban.
Pese a que el reglamento permite a los centros elaborar sus propias medidas, todas las normas deben estar sujetas al Manual de Convivencia.
En su artículo 14 el reglamento ordena a cada escuela elaborar un “Reglamento de Convivencia del Centro Educativo, que contenga las faltas y medidas propias de la institución. Las normativas no podrán infringir los derechos establecidos en las normas, ni establecer procedimientos adicionales a los que se han establecido en dicho reglamento.
En el liceo de Los Alcarrizos, luego de agotar todos los pasos indicados en el manual del Ministerio de Educación y en el reglamento interno, los docentes tuvieron que apoyarse en la comunidad para poder disolver una “banda” de jóvenes que mantenía a la escuela y comunitarios en “zozobra”.
“De 99 días laborables en la escuela se registraron 187 peleas; no había forma de contener eso, aun teniendo la presencia de la Policía Escolar”, explicó el director a este diario.

Luego de hacer varias reuniones con los padres y firmas de acuerdos a través del distrito escolar, los psicólogos de la escuela realizaron las evaluaciones correspondientes, “pero la situación continuaba difícil”, dijo.

Al ver que no se producían cambios en las conductas, se vieron obligados a acudir a la comunidad, juntas de vecinos y la asociación de padres, y tomaron la decisión de dividir a los 87 alumnos problemáticos de la escuela.

“Al final del año escolar, todos los estudiantes que pasaban los 18 años fueron movidos a Prepara, los menores de edad se cambiaron de ambiente; algunos a otros centros de jornada regular; otros fueron designados a asistir bajo la supervisión de los padres, y tres pasaron a ser estudiantes libres”, manifestó.
Con estas medidas las peleas en el centro educativo se redujeron hasta un 98%, pero aún así los docentes exigen que se revise y se modifique el reglamento de los estudiantes.
Se sienten apoyados. Argentina Japa Dipré, técnico del distrito 04-02 del municipio de San Cristóbal, manifestó que el reglamento favorece la conducta negativa de los estudiantes y ha “aplastado” la fuerza que tenían los docentes sobre los alumnos.
“Parece que el reglamento fue redactado por personas que no conocen de educación o que nunca han estado dentro de un aula”, expresó.

Japa Dipré sostuvo que aunque los profesores, padres y estudiantes fueron instruidos por los técnicos regionales de la Dirección de Orientación y Psicología, no fueron orientados en cuanto a la acumulación de fallas.
Explicó que las acumulaciones de faltas graves pueden ocasionar la expulsión de un estudiante, pero que la medida solo puede ser tomada por el Tribunal de Menores y los docentes deben crear un expediente con las pruebas de las faltas cometidas, las amonestaciones y los acuerdos incumplidos por los padres o tutores.

En ese sentido, el director de la escuela Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, dijo que “aunque la palabra expulsión no debe existir en educación, las normas deben ser revisadas y adaptadas al sistema, con la finalidad de mejorar la convivencia entre los docentes y los alumnos”.
El reglamento. La base legal de la norma fue adoptada con las garantías establecidas en la Ley 136-03, que establece el código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Fue puesto en circulación en el año 2013, como una colaboración además del Ministerio de Educación, el Conani y Unicef.