El territorio está organizado por las provincias y los municipios. Dentro de cada municipio hay distritos municipales, los cuales a su vez contienen las secciones y éstas los parajes. En 2010  había 231 distritos municipales, unos 135 más que en el Censo 2002 y de agregarle los 29 que pasaron a municipios entre los dos censos, un total de 164 secciones fueron elevadas a DM en ocho años.

Además, el 19% de la población total reside en DM y de los casi 900 mil personas que aumentó la población en el período intercensal, el 75% residía en DM, es decir hay una tendencia a concentrar la población en entidades y asentamientos más pequeños y con menos capacidades para satisfacer las necesidades de la población.

En efecto, tomando como referencia la información publicada del Censo 2010 hasta ahora, en 2010 el tamaño promedio de población de los DM era 7,899 y la mitad de estos tenían menos de 4,997 habitantes. Comparados con los que había en 2002, eran más pequeños, ligeramente más urbanos, registrando una tendencia a la convergencia en el tamaño la población y a una menor concentración de la población por DM.

Según la ley de municipios 176-07, para pasar de sección a DM se requieren 10 mil habitantes. De aplicar esa regla solamente 48, la quinta parte de los municipios actuales satisfacería esa condición y en 2002 menos de una tercera parte. Es decir, en 2010 debería haber 183 DM menos y en ambos grupos, los que están por debajo y por encima del umbral de 10,000 registran los mismos niveles de ruralidad (57%), lo que significa una penetración de la ruralidad mucho mayor dada la definición del censo de que lo urbano es la población residente en las cabeceras de municipios y distritos municipales. De hecho, la mitad de las cabeceras de los DM tiene menos de 1,918 habitantes y el 75% tiene menos de 3,179, muchas de las cuales son simples caseríos alrededor de una carretera y sin los servicios públicos más elementales. 

La multiplicación de distritos municipales fue el  mecanismo de acceso a los recursos públicos por la falta de una política territorial que garantizara el acceso equitativo a esos recursos y a los servicios públicos. El territorio sigue siendo invisible, lo cual es consecuencia en parte de la visión del desarrollo que ha primado en el país, de que el éxito se mide por el crecimiento del PIB y no por la calidad de vida de la gente. Si este último fuera el ámbito de evaluación del éxito se entendería rápidamente que las personas residen en lugares concretos que deben contar con servicios y oportunidades, obligando a transversalizar  el territorio en las políticas públicas.