SANTIAGO DE CHILE (EFE).- La contracción de 1,3 por ciento de la economía en República Dominicana durante 2003 redujo el PIB por habitante y la inflación superó el 40 por ciento, algo sin precedentes en más de diez años.

Así lo destaca ayer el informe preliminar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que subraya la crisis bancaria que estalló en el segundo trimestre del año en Santo Domingo y provocó una fuerte incertidumbre, desconfianza, una creciente dolarización y una considerable fuga de capitales.

El peso se devaluó y produjo un aumento generalizado de precios del 40,1 por ciento al mes de noviembre.

Para contener el deterioro del sistema financiero, el Gobierno de Hipólito Mejía inyectó grandes recursos a los bancos, lo que implicó enormes costos gubernamentales, a la vez que se acentuaron las restricciones fiscales y monetarias vigentes desde fines de 2002.

Estimaciones oficiales consideran que a pesar de la recuperación de la demanda externa, la economía a finales de 2003 caerá un 1 por ciento.

El programa «stand-by» acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) involucró un apoyo financiero por 600 millones de dólares en dos años, de los cuales se desembolsaron 120 millones.

Los nuevos desembolsos se detuvieron en espera de la evaluación del impacto fiscal de la recompra por parte del gobierno de dos empresas distribuidoras eléctricas.

Las metas del acuerdo preveían para el ejercicio 2003, una caída del PIB de 3,0 por ciento, una inflación de 35 por ciento, un superávit en cuenta corriente equivalente al 1 por ciento del PIB y un déficit fiscal del 3,5 por ciento, además de un descenso del déficit fiscal a 2,5 y 1 por ciento del PIB para los años 2004 y 2005, respectivamente.

La deuda pública bruta se elevó a 47,9 por ciento del PIB y se disparó el déficit cuasi fiscal al 2,8 por ciento del PIB.

Adicionalmente, se establecieron topes al crédito, se elevó el encaje legal del 17 al 20 por ciento para depósitos en moneda nacional y del 12 al 20 por ciento para el resto.

Hasta noviembre, el efectivo en poder del público había registrado una caída cercana al 10 por ciento real, pero la liquidez ampliada creció un 13,7 por ciento en términos reales.

Las tasas pasivas de la banca múltiple aumentaron 2,18 puntos porcentuales con respecto a diciembre, para llegar en septiembre a 21,61 por ciento, mientras que las tasas activas subieron en 4,10 puntos llegando a 32,74 por ciento.

El déficit del sector público, de aproximadamente 3,5 por ciento del PIB, fue resultado del elevado déficit cuasi fiscal del Banco Central y un menor déficit del Gobierno central (0,4 por ciento).

La abrupta caída de la demanda interna produjo un descenso real en los ingresos del Gobierno (de 16,9 % a 15,2 % del PIB).

Como consecuencia de la depreciación cambiaria y el aumento de los precios al consumidor, el consumo y la inversión quedaron afectados significativamente.

Sólo el aumento de las remesas de los emigrantes y la recuperación de la demanda externa amortiguaron los agudos efectos recesivos de una política económica restrictiva.

Entre los sectores productivos que registraron mayores contracciones se encuentran la construcción (8,1%), comercio (13,1%), transporte (7,7%), electricidad (6,6%) y finanzas (4,3%).

El producto agropecuario se redujo (3,9%), aquejado además por las fuertes inundaciones de fines del trimestre.

El índice inflacionario se elevó a 40,1 por ciento a noviembre, cifra no observada en doce años.

En términos reales cayó el poder adquisitivo de los dominicanos y la crisis económica tuvo también un impacto en los indicadores del ámbito laboral.

El desplazamiento de trabajadores del sector formal al informal determinó que el desempleo se elevara al 16,4 por ciento.

La cuenta corriente registró un superávit inédito equivalente al 5,8 por ciento del PIB, resultado de la reducción del déficit comercial, el superávit en el balance de servicios y el sostenido aumento de remesas.

El año cerró con un nivel mínimo de reservas internacionales debido a la persistente salida de capitales privados.

La contracción de la demanda interna determinó un descenso generalizado de las importaciones (10,3%).

El flujo de la inversión extranjera directa se redujo un 13,4 por ciento. A pesar de que el país recibió 600 millones de dólares de la colocación del bono soberano, el balance global fue negativo.