AMPARO CHANTADA
El Gobierno actual asumió el poder con un discurso sobre la modernidad y del desarrollo, que implicaba la respuesta de los ecologistas. Desde los años 80’s, el discurso ambiental se transformó, como se transformó el modelo económico. Nada de extraño, entonces, que la participación de los sectores sociales interesados en interferir con prácticas anti ecológicas, sea recurrente: se está diseñando un nuevo espacio del conocimiento conocido como la ecología social o la ecología política y en eso tenemos una práctica y un discurso que se elaboran al fragor de una inserción muy cuestionable.

Felizmente, República Dominicana no se comporta como una isla en ese sentido, porque como traspatio de una gran potencia sufrió ensayos: Oviedo y los residuos industriales en 1983, las Dunas de Baní, 1984, los Tocones, etc. Desde entonces, como isla caribeña, compitiendo con Cuba, Puerto Rico, Bahamas, México y Jamaica, tiene en su política de desarrollo turístico, un motivo continuo de preocupación y de lucha. Ese sector, apoyándose en los recursos del Estado, en infraestructuras y servicios principalmente, es el más pujante hacia la inserción en la competencia internacional. Eso implica, una política agresiva de incorporación de la naturaleza y sus recursos al proceso de urbanización y transformación de las costas y de nuestro litoral. La política ambiental del PLD fue siempre desarrollista, nunca implicó un cuestionamiento al modelo de desarrollo, menos a una supuesta liberación dominicana. Esa contradicción entre Turismo y Medio Ambiente se expresa en los dos caminos paralelos que parecen tomar los secretarios de turismo y de medio ambiente. En la actualidad, Max Puig parece asumir una posición absolutamente aislada de las políticas de desarrollo de su gobierno y da la sensación de ser «remolcado». No dudamos de su conciencia ambiental pero las políticas seguidas en las otras secretarias distan mucho de las preocupaciones mundiales de preservación y cuestionamiento al modelo ambiental que implica la mundialización de las economías. El discurso del secretario de Turismo se sitúa en esa dirección, visualizando desarrollo con venta de terrenos costeros, inversiones con hoteles, cultura con piscinas, golfs y marinas. Max parece «nunca estar al tanto» reafirma lo que todo el mundo sabe y da la sensación de nunca ser consultado. El uno habla de permisos y estudios ambientales, el otro dice que no existen, el primero es omnipresente en los medios de comunicación, el otro se debate entre rocash y granceras. Con la globalización económica que transforma el ambiente y se apropia de territorios y recursos, el secretario de Turismo, se parece más a un secretario de Industria y Comercio mientras el de Industria y Comercio un empresario cualquiera. Emergen luchas sociales por la propiedad y control de los recursos naturales por parte de sectores involucrados en la capitalización de la naturaleza y como es natural, el movimiento ambiental genera diversas manifestaciones de resistencia cultural al discurso del crecimiento sostenible y a las políticas de la globalización, dentro de estrategias de las comunidades para autogestionar su patrimonio histórico de recursos naturales y culturales. Se está dando así una confrontación de posiciones, entre los intentos por asimilar las condiciones de sustentabilidad a los mecanismos del mercado y un proceso político de reapropiación social de la naturaleza. Este movimiento de resistencia se articula a la construcción de una racionalidad ambiental, es decir, de un paradigma alternativo de sustentabilidad, en el cual los recursos ambientales aparecen como potenciales capaces de reconstruir el proceso económico dentro de una nueva racionalidad productiva, planteando un proyecto social fundado en las autonomías culturales, en la democracia y en la productividad de la naturaleza. Lo que no comprenden algunos influyentes comunicadores, pues la respuesta cuestionadora de los ecologistas sociales es capaz de obstaculizar proyectos e impedirlos. Los pueblos indígenas revindican sus derechos ancestrales a la tierra y a la propiedad colectiva, a la preservación de la biodiversidad y la gestión de sus territorios preservados gracias a ellos. En Marbella, el movimiento de juntas de vecinos termina de llevar a la Justicia a las autoridades municipales involucradas en un «supuesto desarrollo turístico» de la ciudad, mezclando mafias locales e internacionales con intereses privados, tierras, especulación inmobiliaria, que recobre todas las formas, incluso las que mencionó Félix Jiménez y muchas otras, que el se olvidó de mencionar.

En este sentido, la racionalidad ambiental enfrenta a las estrategias fatales de la globalización. Ello implica reconocer la marca de la sustentabilidad como una fractura de la razón modernizadora para construir una racionalidad productiva fundada en el potencial ecológico y en nuevos sentidos civilizatorios.

 La operación inmobiliaria que se aprestan a realizar Félix Jiménez, inversionistas franceses y otros intereses económicos, donde no se descarta la especulación inmobiliaria, el enriquecimiento absoluto e ilícito, practicas políticas condenables por las leyes del país por realizarse desde el Poder y favoreciéndose de las informaciones que manejan, acuerdos y comisiones, entendimientos y sumisiones, la falta de transparencia, debe ser absolutamente cuestionada por la sociedad dominicana en su conjunto, Bahía de las Águilas y el Parque Jaragua deben ser interiorizados como Duarte, Sánchez y Mella son dominicanos y no se venden.  Desde 1966, todos los sectores políticos ligados al poder, se han aprovechado de su situación de monopolio de la información para realizar operaciones inmobiliarias que bordean los caminos de la corrupción y del robo público, a partir de las inversiones públicas. Caminos, carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos, terminales de plantas energéticas han visto sus terrenos contiguos comprados a precios viles, para después ser revendidos a precios sin comparación. El despilfarro de las tierras del CEA, de la IAD, del Estado a partir del Banco Central, es una práctica condenable, violatoria a la democracia, al derecho a la información donde los capitales se mezclan con testaferros obligados. Quirino Castillo tiene tentáculos en todos los segmentos de la vida económica y sectores sociales, lo mismo pasa con las ventas de las tierras con vocación turística, regulación, desregulación, el propio Félix Jiménez desconoce las implicaciones de un Patrimonio de la Humanidad, o de Reserva de la Biosfera.

 En esa operación inmobiliaria, que involucra arquitectos franceses, acostumbrados a urbanizar sin discriminar las tierras del Languedoc Roussillon para construir, hoteles, marinas, piscinas, residencias y otras urbanizaciones, nada huele a respeto ambiental, nada es ecológico ni nada es sustentable socialmente. Mentiras y propaganda poética han anticipado acciones ambientales, de estudios de impactos y diálogo comunitario, lo que augura mal sobre lo que podría suceder.

 La Bahía de las Águilas es patrimonio de las poblaciones de Oviedo, Juancho y Pedernales, como la Bahía de Ocoa es patrimonio de los campesinos que la conservaron, que les sirve de sustento y de seguridad alimenticia para el país: son las minas que tienen esas poblaciones, su explotación debe ser vigilada por ellas, condicionadas por sus estrategias que nunca fueron divorciadas del interés común, es decir del pueblo dominicano. Otra vez, estamos a sus lados, porque el movimiento ambiental definitivamente se ha convertido en la vanguardia del movimiento social dominicano.