POR DIEGO PESQUEIRA
Representantes del sector empleador, encabezados por la  Asociación de Industriales y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), plantearon anoche al gobierno a través del vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, la necesidad de posponer la implementación del Seguro Familiar de Salud (SFS), programado para el primero de junio, por entender que el país no está preparado para ese régimen contributivo.

Los detalles del encuentro en el Palacio Nacional fueron suministrados por el empresario Manuel Diez, presidente de la Asociación de Industriales, quien advirtió que la entrada en vigencia del SFS fracasará por “no estar dadas las condiciones en el país”, por lo que entiende que se deben seguir discutiendo varios aspectos.

“Nosotros lo que proponemos es que si no está listo, y hasta que no se le garanticen los servicios a todo sector productivo nacional no es prudente que entre el sistema bajo esas condiciones”, dijo Diez.

Junto a Diez participaron en la reunión varios empresarios, entre ellos Circe Almánzar, vicepresidenta del CONEP. ”Lo apropiado, estimó, es que se inicie cuando este listo y se puedan dar los servicios para lo que realmente se diseño”.

Manifestó que el vicepresidente Alburquerque había prometido que llevaría sus inquietudes al presidente Leonel Fernández, y que la semana próxima seguirían discutiendo el  tema.

A su juicio las autoridades pretenden cobrar más a los contribuyentes y ofrecer un servicio inferior al existente en la actualidad.

“Porque entendemos que el sistema no está listo para que entre todavía, y lo que estábamos era externándole esa inquietud al vicepresidente”.

No obstante, aclaró que el sector empresarial siempre ha dicho que está de acuerdo con la seguridad social, “lo que queremos es asegurarnos de que las pautas se den para que se puedan ofrecer los servicios”.

“Yo no llamaría un fracaso la entrada del seguro familiar el próximo primero de junio. Yo lo que creo es que en todo proceso uno no pasa de andar en motor a una jeepeta de la noche a la mañana”, dijo al preguntársele si anticipaba el fracaso del régimen contributivo.

Indicó que el tema a discutir es como lograr que entre en vigencia de manera inteligente y que pueda beneficiar a todos los que tiene que favorecer.

“Es un poco difícil decirles a los empleados de una compañía que tienen que pagar más por un servicio que no se le va a dar. Y ese es el tema que hay que solucionar”, precisó.

Sostuvo que es ante estas circunstancias que hay que sentarse a discutir, porque como está no hay nada claro. El mes pasado, el vicepresidente Alburquerque, proclamó el inicio del SFS del régimen contributivo.

A partir del primero de junio más de 2 millones de personas recibirán la cobertura del Plan de Servicios de Salud, un catálogo de prestaciones consensuado en el acuerdo del 19 diciembre pasado, entre el Gobierno, los representantes sindicales y los empresarios, y que implica algunos recortes con respecto al Plan Básico de Salud aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) en octubre de 2002.

En esa ocasión, recordó que fue necesario una “fórmula de compromiso” entre las partes en conflicto para poner en funcionamiento el SFS.

En respuesta a las críticas sobre la forma en que comenzará a implementarse, afirmó: “Sectores acusaron al Gobierno de no tener voluntad política de poner en práctica el seguro familiar de salud del régimen contributivo, y cuando se inicia, alzan la voz para señalar que la aplicación de este régimen contributivo será un caos y un toyo. Los mismos

que acusaban al Gobierno de falta de voluntad política, hoy claman para que este sistema contributivo no inicie su aplicación”.

Mientras en el Palacio Nacional el gobierno se reunió  con el Colegio Médico y la Asociación de Clínicas Privadas en busca de acuerdos con relación a la entrada en vigencia del Seguro Familiar de Salud, los maestros exigen una modificación a la ley 87-01 y representantes de los trabajadores acusan a las partes involucradas de sostener una lucha de intereses.

El presidente de la Asociación de Clínicas, Rafael Mena dijo que su  posición  es invariable, porque los ciudadanos tienen que continuar con su derecho de elegir la clínica y el medico de su preferencia.

Consideró que es más costos y de inferior calidad el servicio que se ofrecerá con la Seguridad Social. De su lado, la Asocian Dominicana de Profesores clama por una reforma a la ley 87-01 sobre la Seguridad Social, a fin de hacerla más participativa.

En tanto que el presidente de la Confederación de Unidad Sindical, Rafael Abreu, acusó al empresariado, dueños de clínicas y a funcionarios de la Seguridad Social, de protagonizar una lucha de intereses con relación a la ejecución del Seguro Familiar de Salud.