La Constitución, consensuada en su aprobación, ha sido burdamente ignorada en su aplicación. La expectativa en torno a una lesiva repostulación del Presidente Leonel Fernández se ha erigido como telón de fondo de la estocada que, a todas luces, ha propinado la Cámara de Diputados al sistema institucional.

El sector empresarial, con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) a la cabeza, no ha tardado en levantarse, consciente del efecto negativo que tiene para la seguridad jurídica y, por ende, para la estabilidad social tanto del roce con la Constitución y las leyes como la violación de los consensos como instrumentos para garantizar la gobernabilidad.

El artículo 6 de la Carta Magna establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución”, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.

Del postulado deriva que sean nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.

Sin embargo, al acoger la observación del Poder Ejecutivo a la normativa del Consejo Nacional de la Magistratura la Cámara de Diputados incurrió en una peligrosa violación de la Constitución, habida cuenta de que la propia Carta Sustantiva indica, en su artículo 102, que las enmiendas, para su aprobación, requieren de las dos terceras partes de la mayoría presente en el hemiciclo.

Los diputados peledeístas, ejerciendo lo que el Presidente de la República había denominado tiranía de la mayoría, acogieron la enmienda sin reparar en el artículo 102 de la Constitución. Esa decisión, por demás defendida con prepotencia, ha motivado que los empresarios asuman la antorcha en defensa del sistema institucional.

No hay que preguntar por el destino de una democracia en la que no se respeten la Constitución y las leyes.