CARMEN IMBERT BRUGAL
Cuando aquellos señoritos de Hola comenzaron a desfilar, airados, por las salas de los tribunales españoles, algunos entendieron las ventajas de la democracia. Supo el vendedor de horchata y el engullidor de chistorra, que el estado de derecho no sólo juzgaba y condenaba a los anarquistas, horteras, a la cáfila infractora, sin prestancia ni abolengo. El destape pos franquista incluía, además del disfrute de las películas prohibidas, la libertad de cultos, de tránsito, de expresión, la aplicación de la ley sin privilegios.

Los imputados de entonces actuaban obedeciendo las pautas del códice legendario de impunidad. Envalentonados, atribuían a razones políticas la persecución. El hombre fuerte del consorcio RUMASA, por ejemplo, hacía caso omiso a las advertencias judiciales, se burlaba de la divulgación de sus tropelías. Culpaba al gobierno socialista del sainete. Exhibía su opulencia y desafiaba la nueva normativa penal. Actitud similar asumió después, “el mago de las finanzas”, Mario Conde. El antiguo abogado del Estado, detentador del glamour, rector de la vida social española, alardeaba. Presidente de BANESTO, prevalido de su omnipotencia, Conde competía con Felipe González, quería sustituirlo. Contra él nada era posible. Su arrogancia la sustentaba el éxito, su impresionante patrimonio, la posesión de medios de comunicación, sus envidiables y costosas relaciones con representantes del poder político, económico, judicial, eclesiástico. La contundencia de las pruebas en su contra, logró que el elegante engominado fuera recluido en el establecimiento penitenciario de Alcalá Meco, como cualquier ciudadano infractor.

El caso BANESTO tiene similitudes extraordinarias con el caso BANINTER. La personalidad de los involucrados, la diversidad y extensión extra territorial de las inversiones, las imputaciones, el control de redes de radio, periódicos y televisión, el ardid de la defensa, la actitud pública y privada de imputados y allegados, el azoro de la comunidad. Si en España todos quisieron parecerse a Mario Conde, aquí, todos querían ser como el banquero procesado.

La estratagema de la persecución política para encubrir infracciones, perdió impacto. Fiscales y jueces actuaron, cuando prominentes funcionarios y dirigentes del PSOE, estuvieron en el vórtice de los escándalos por malversación. Ahora, los líderes del Partido Popular, a propósito del reciente arresto de Isabel Pantoja, arguyen razones políticas. Denuncian la intromisión del presidente del gobierno español, en los asuntos judiciales. Pretenden exculpar a la admirada cantante y desacreditar las actuaciones oficiales. Un poder judicial servil y dependiente de los favores privados, de los vaivenes políticos, jamás puede ser creíble, menos, respetado.

La Pantoja está involucrada en el Caso Marbella, descubierto gracias a la “Operación Malaya Contra la Corrupción”. La “Operación” ha obligado renuncias, interrogatorios, arrestos, fianzas. Las autoridades no reparan en el origen ni en el prestigio de sospechosos. Trabajan. La investigación aspira descubrir y juzgar a los responsables de “la mayor red de blanqueo de dinero en España”. Los delitos y crímenes cometidos, incluyen malversación de caudales públicos, lavado de capitales, tráfico de influencias, cohecho, corrupción urbanística. El monto de los bienes incautados, hasta la fecha, asciende a dos mil seiscientos millones de euros. Las pesquisas continúan. El orden público es más importante que la extorsión, los vínculos de imputados, la persistencia de sectores poderosos para que las leyes sigan ensayándose y ensañándose, con los infractores desclasados, de poca monta. La democracia gana, las instituciones se fortalecen, cuando la acción pública no cede. Trátese de un ministro, una cantante, una alcaldesa, un obispo, un financista, un militar, un narcotraficante.

Mientras los periódicos del mundo difundían el arresto de Isabel Pantoja y la condena impuesta a Paris Hilton, por incumplir requisitos de su libertad condicional, el Director del Departamento de Prevención de la Corrupción -DEPRECO- propala su indefensión. Inerme, el funcionario, informa al país, que el principal autor de un desfalco, cometido en el “Fondo de Pensiones y Jubilaciones” de la Secretaría de Finanzas, “es protegido por alguien”. El prófugo, tiene y porta un arma de fuego. Nadie puede aprehenderlo. La opinión pública también descubre que un jornalero dominicano estuvo confinado, en distintas cárceles del país, de manera preventiva, durante quince años, acusado de un asesinato que no cometió.

Paris es una de las herederas de la fortuna Hilton. Sancionada por conducir ebria y de manera temeraria. La primera violación a la sentencia la llevó a prisión. La fama de Isabel Pantoja trasciende la península ibérica. A pesar de politizar su arresto, la intérprete de Marinero de Luces, golondrina del aire y gaviota de luna, tuvo que pagar 90,000 euros para obtener su libertad. Es previsible que los casos precitados conciten indignación, desvelos, reclamos. Preocupen. La muerte civil del jornalero, y la imposibilidad de aprehender al desfalcador, son episodios cotidianos. Encantos del atraso, regalos del precario Estado de derecho.