Los diputados acaban de aprobar una modificación del Código del Menor que aumenta las penas a los menores de edad que cometen los crímenes graves.

La modificación, que falta por ser conocida en el Senado, es apoyada por los más diversos sectores, desde funcionarios judiciales hasta comunicadores y personalidades de la mayor relevancia. Aparecen algunas voces disidentes, FINJUS por allí, Rosario Espinal por allá, UNICEF por aquí, y la mayoría de los penalistas.

Son voces, sin embargo, que claman en el desierto porque la decisión parece irreversible: para los diputados la pieza aprobada reducirá sustancialmente los hechos delictivos cometidos por menores. Sin esperanzas de ser escuchado, solo para que conste en récord, repito ahora lo que he dicho siempre. 

Los dominicanos estamos asustados. Una exagerada percepción de los riesgos, el uso político del valor de la seguridad ciudadana y la prevalencia del discurso del Derecho penal del enemigo solo pueden conducir a la exclusión de los menores de edad de la protección jurídica y a su consideración como no personas, no ciudadanos, enemigos a quienes no se les puede aplicar la ley ordinaria sino la ley de la excepción. El nuevo enemigo es el menor de edad, con la agravante que los menores son el único colectivo social en la historia de la humanidad que no puede asumir su defensa por sí mismo y, en el caso, dominicano no pueden votar hasta que alcanzan los 18 años. En otras palabras, ¿quién defiende al menor frente a su exclusión no solo social sino también jurídica?

Esta exclusión es precipitada por un aparato mediático que suministra una visión simplificada de la realidad social. Este aparato exige y promueve políticas de seguridad, inmediatas y eficaces, que toman en cuenta más la necesidad colectiva de seguridad que el deber de proteger los derechos de todos. Así se sustituye la idea de protección y educación de la infancia vulnerable que está detrás de la legislación del menor por una doctrina del miedo que presenta a la infancia como peligrosa.

Atrás queda el interés superior del niño que es la base de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y de nuestro Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Este interés exige tener en cuenta el delito cometido y una pluralidad de factores psicosociales que inciden en el delito y que modulan la responsabilidad del menor. Lo importante ahora es apaciguar la alarma del pueblo, asustado ante la percepción de aumento de la inseguridad ciudadana, y disuadir a los menores criminales en potencia. Se pone en jaque así los cuatro ejes de la protección internacional del menor: la desjudicialización (el menor delincuente para los tribunales), la descarcelización (el menor delincuente para prisión), la descriminalización (el menor sí comete crímenes) y el debido proceso (ninguna libertad para los menores enemigos de la libertad).

Ya no se trata de corregir o reeducar al menor. Este es un delincuente incorregible: no hay que desperdiciar recursos en reeducarlo, lo que hay que hacer es neutralizarlo, por ser un enfermo o un peligroso que erosiona las bases de la convivencia social. Se trata de una lógica de la excepción, de la emergencia, legitimada en el consenso mayoritario de los partidos y de una opinión pública sedienta de castigo. La sociedad del miedo no quiere escuchar razones ni está dispuesta a aceptar los riesgos de la reincidencia. La única solución es la privación de derechos antes del juicio y el internamiento en centro cerrado. Basta ya de justicia “light”. En medio de esta esquizofrenia punitiva, hay que apaciguar el sentimiento de desazón social ante la imposibilidad de erradicar el crimen. Debemos mandar un mensaje claro: el menor criminal es un enemigo de la paz social y de la tranquilidad familiar.

A quienes, sumidos en el más irresponsable populismo penal, quieren considerar al menor como enemigo, solo les pedimos que, como afirma Hilberg, no olviden “que la mayor parte de las personas que participaron del genocidio, no dispararon rifles contra niños, judíos ni vertieron gas en las cámaras. Muchos de los burócratas redactaron memorándums, elaboraron anteproyectos, hablaron por teléfono y participaron en conferencias. Destruyeron a mucha gente sentados en sus escritorios”.