Hoy 
JOSÉ BÁEZ GUERRERO
Se reveló el lunes pasado que las aseguradoras de riesgos de salud (ARS) estarían cobrando, como parte de las cuotas de los seguros, una suma que según la ley debe destinarse a la promoción y prevención de la salud, a través de los centros de atención primaria, y que en lugar de ello se estarían apropiando ilegal e ilegítimamente de ese dinero.
De ser cierta esa denuncia, sería un robo terrible. Pero, ¿se ocuparon las autoridades de dilucidar la denuncia o explicar realmente qué es lo que pasa? Tristemente, no. En una reunión al día siguiente, en el Palacio Nacional, el Presidente Fernández prácticamente conminó a las ARS a que cumplan la ley de la seguridad social, contratando los servicios de los Centros de Atención Primaria (CAPS) para que funcione la llamada promoción y prevención.
El jefe del Estado al parecer entendió que para esa parte de la salud del régimen contributivo de la seguridad social, es indispensable que se cumpla con la ley, y que se ponga en funcionamiento la prestación de atención primaria en la manera en que está establecido en la legislación.
Pero a las pocas horas, tanto el Vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, quien encabeza el equipo oficial encargado de que la seguridad social funcione, como el secretario de Salud Pública, doctor Bautista Rojas, se despacharon con sendas declaraciones que constituyen oblicuos desmentidos o contradicciones a lo expuesto por el Presidente Fernández.
Según Alburquerque y Rojas, la posición de los dueños de clínicas reunidos en ANDECLIP y la de las principales ARS, de que la promoción y prevención no requieren la especialización contemplada en la ley, es correcta. Ambos, pues, en abierto desafío a la posición del Presidente Fernández, se parcializan con los dueños de clínicas y de ARS en perjuicio de cientos de miles de afiliados a quienes se les cobra, como parte de sus aseguramientos, una suma de casi RD$90 por persona dizque para cubrir los servicios de promoción y prevención.
Según oí explicar al colega Huchi Lora en su programa matinal de televisión, precisamente al entrevistar al Vicepresidente Alburquerque, es ininteligible e inexplicable que se busque boicotear la promoción y prevención para permitir que ciertos actores protagónicos de la seguridad social puedan asumir como ingreso sin causa casi RD$90 por asegurado, una suma que en su total es multimillonaria.
Dado que conozco la seriedad personal de los líderes de las principales ARS, me parece que hablar de robo o apropiación, como he oído en la radio, es inadecuado y desconsiderado. Seguramente hay alguna explicación, o cálculo actuarial, que justifique la situación denunciada. Pero comoquiera, el Presidente Fernández tiene razón al exigir que se cumpla la ley y que se ponga en vigencia la promoción y prevención.
Un universo de asegurados sanos, como resultarían de eficaces programas de promoción y prevención, le cuesta menos al sistema que un número alto de enfermos, los cuáles paradójicamente convienen más a las clínicas, que según el chiste de los médicos, se aterran de pensar en una epidemia de buena salud.
La abogada Marisol Vicens definió claramente cuál es el problema con el seguro familiar de salud en su artículo del jueves en El Caribe. El problema es que los prestadores de servicios, principalmente médicos y clínicas, que son los que más poder tienen, no aceptan el modelo de la Ley 87-01, explicó. Los detalles están brillantemente explicados por ella.
Estos opositores a que funcione como debe la seguridad social, poseen poderosos aliados, como el Vicepresidente y el secretario de Salud Pública. Al parecer, el único aliado de los asegurados, que al fin y al cabo es para quienes se creó el sistema, es el Presidente Fernández. Pero si juzgamos por los antecedentes, los asegurados están fritos; miren si no cómo funciona el transporte público, en que la ley del embudo funciona para favorecer a pseudos-sindicalistas en perjuicio de los pasajeros.
Ojalá el Presidente Fernández entienda dónde están los votos. Pacientes, asegurados, pasajeros, todos desamparados ciudadanos, requieren quién los defienda de sindicalistas, empresarios agalluses y sus funcionarios aliados. ¿Lo hará Leonel?
