Las medidas de austeridad anunciadas por Danilo Medina, constituyen un mensaje de voluntad de controlar la práctica del dispendio de los fondos públicos en que incurrió el presidente  del anterior gobierno y de la mayoría de sus principales funcionarios. Sin embargo, decepciona la ratificación de muchos de esos funcionarios en sus puestos y también el mantenimiento de organismos del Estado, que son fuentes de acumulación de riqueza y de corrupción de varios partiduchos “aliados”.

De igual manera, constituye una decepción que para la aplicación de las referidas medidas se instituya un llamado Código de Ética a ser presidido por un nefasto personaje carente de credibilidad, diputado durante la tiranía de Trujillo, sindicado de simulador y difamador profesional, dueño de una franquicia política aviesamente xenófoba. Decepciona que el presidente Medina cree un gabinete social a ser presidido por la vicepresidenta de la República, que manejó cuantiosos recursos en el Despacho que ocupó en el anterior gobierno, sin que previamente se haya hecho una auditoría del manejo de esos fondos.

Significa un mensaje equívoco del Presidente tener gabinete social, manteniendo una serie de dependencias del gobierno central que, solapándose, hacen políticas de asistencia social, al tiempo de crear un organismo de “programas especiales” de la Presidencia. Eso, en nada contribuye a “simplificar y hacer más eficientes, coherente y direccionada la gestión de políticas sociales”, como establece el programa de gobierno presentado por Medina al electorado.

Con la  solemnidad de la firma del nuevo Código de Ética de parte de los miembros del gabinete de Medina, se quiere enviar un mensaje de que estos se comportarán de acuerdo a ley.  Pero, el hecho de que algunos de los firmantes, además de otros confirmados en sus puestos, se les atribuyan actos  de prevaricación y de robo de bienes públicos (algunos suficientemente documentados), puede interpretarse como un mensaje de que seguiremos el nefasto “borrón y cuenta nueva” y con ello la impunidad.

Sin embargo, a pesar de ese mensaje, algunos plantean un acuerdo entre lo que existe como oposición política y el gobierno, apelando a un “realismo” que no es más que una variante de cinismo o cretinismo político. Ello así, porque hasta ahora no sabemos  qué hará el ministerio público frente a los casos de la Sun Land, la sobrevaloración de los vagones del Metro, de la construcción de carreteras, de aulas escolares y los edificios en la UASD, la “reconstrucción” de Haití, el saqueo en Bienes Nacionales, las remodelaciones de la Suprema Corte, de Bellas Artes, el dispendio y prevaricación en la Superintendencia de Seguros,  entre otros actos dolosos.

Algunos de los ya nombrados en las diversas esferas del gobierno, de una u otra manera están vinculados a esos y otros actos semejantes. En tal sentido, si queremos ser consistentes y que este país desarrolle sus potencialidades  sociales, económicas, naturales, geográficas, etc., tenemos que construir un Estado sentado sobre la base del imperio de la ley y del derecho, sepultando para  siempre al “borrón y cuenta nueva”.

Sin memoria no hay construcción positiva de ninguna sociedad, tampoco con hechos desde el poder que no se corresponden con las palabras que se dijeron para alcanzarlo.